Ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y aún estamos lejos de conocer la verdad.
Imposible imaginar un escenario peor.
El presidente de la República dijo que todo debe ser público.
La periodista Peniley Ramírez difunde, sin tachones, detalles ocultos del Informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y estalla una bomba nuclear.
Ahora flota la porquería que el informe ocultaba. Divulga datos escalofriantes sobre el destino de los normalistas; dice que fueron descuartizados, algunos, disueltos en ácido, pocos quemados y otros enterrados y desenterrados para ocultar evidencia; exhibe al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca como asesino intelectual y al jefe del 27º Batallón de Infantería asentado en Iguala, como asesino y al gobierno de Peña Nieto empeñado en ocultarlo todo.
Con razón los familiares de los 43 se sienten engañados y furiosos. La superioridad militar también.
Además, la filtración del documento, insisto, sin tachones, ha desatado la guerra entre el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quienes se acusan mutuamente de haber filtrado la información a la periodista Peniley Ramírez, quien ahora es atacada sin piedad por la jauría tuitera de la 4T.
La voluntad presidencial de divulgar todo no era tal, según queda en evidencia; se ve que el gobierno pretendió darnos atole con el dedo otra vez. Quedan al desnudo el encubrimiento y la impunidad solapada desde Palacio.
En este octavo aniversario de la noche trágica de Iguala, aún estamos lejos de la justicia; lo único cierto es que los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador son iguales; gemelos diabólicos, mentirosos, traidores y perversos.