Las acusaciones contra Jesús Murillo Karam son endebles, pero al gobierno le urge tenerlo preso para no llegar al octavo aniversario de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa sin resultados, como prometió el Presidente.
Por lo improvisado del proceso, la Fiscalía General de la República detuvo primero al hermano del ex procurador; lo confundió. Tras el error, dos horas después los agentes fueron por Murillo Karam a su casa; el detenido no opuso resistencia.
Ya en el reclusorio Norte, los fiscales quedaron en ridículo al improvisar los señalamientos contra el exfuncionario durante la audiencia inicial, pues no conocían a fondo el expediente; el juez les pegó una buena regañada.
Por si fuera poco, el proceso contra Murillo Karam se sustenta en el testimonio de Bernardo Cano, testigo protegido, quien fue secretario particular de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, prófugo de la justicia, según el cual, la “Verdad Histórica” se planeó durante una reunión confidencial, en octubre de 2014, para que ningún jerarca del gobierno peñanietista, civil o militar, pudiera salir salpicado.
Legalmente los acusadores tendrían que demostrar la orden y presencia de Murillo Karam en cónclave perverso, sin embargo, al testigo Bernardo Cano no le constan los hechos; no estuvo presente.
Otra. Las acusaciones por “desaparición forzada” y “tortura” contra el exfuncionario se basan en leyes aprobadas en fecha posterior a la Noche de Iguala y por tanto no pueden ser retroactivas; la ley es la ley.
La edad y el estado de salud endeble del acusado bastarían para permitirle llevar el proceso libertad, pero es previsible que lo dejen “entambado”, que lo vinculen a proceso este miércoles, para que el Presidente pueda hacer una ofrenda a padres y familiares de los 43, el próximo 26 de septiembre, en afán obsesivo de calmar los ánimos.