Ayer fue arrestado Jaime Rodríguez, el exgobernador independiente de Nuevo León, lo cual no debe sorprender a nadie ya que su sucesor en el cargo, Samuel García, es precisamente el que presentó una denuncia en 2018, cuando era senador por MC, en la que acusó a más de 500 funcionarios de Nuevo León de desviar recursos públicos para recolectar las firmas necesarias para que Rodríguez pudiera ser candidato independiente a la Presidencia. En 2019 García amplió su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León, acusando al entonces gobernador y su gabinete de peculado, daño al patrimonio del estado y colusión.
También ayer, mediante un mensaje que difundió a través de su cuenta de Twitter @samuel_garcias, el gobernador anota que “Ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas. Y aquí ya empezamos”. Su tuit viene acompañado de un video en donde se le ve diciendo: “El que la hizo la paga, quien robó o desvió recursos públicos a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, va a ir a la cárcel. Quien robó o desvió dinero público a los Corleones, a los favoritos, a los sobrinos y a sus amigos o a sus campañas van a ir a la cárcel porque ya basta de que jueguen y saqueen a nuestro estado”.
Pero ¿es en serio eso de quien la hace la paga?
Porque en la historia contemporánea de nuestro país es más que evidente que muy pocos pagan por las que hacen. Es más, muchos de los que pasaron años en la cárcel por supuestamente haberla hecho finalmente fueron exonerados.
Por ejemplo, de 2013 a 2019 el exgobernador priista de Tabasco, Andrés Granier, estuvo privado de su libertad después de que el gobierno de su sucesor perredista, el expriista Arturo Núñez, lo acusara de peculado. En mayo de 2019 un juez lo exoneró de todos los delitos que se le imputaban.
Lo mismo le ocurrió a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, quien fue acusado de homicidio, enriquecimiento inexplicable, peculado y otros delitos y arrestado por órdenes del sucesor de éste, Ernesto Zedillo, en febrero de 1995. En 2005 recuperó su libertad después de ser absuelto por un tribunal y con el tiempo fue exonerado de todas las acusaciones en su contra.
Claro que hay casos en donde un exfuncionario se va a la cárcel después de confesarse culpable, como es el del exgobernador priista de Veracruz, Javier Duarte, quien fue capturado en abril de 2017 después de haberse fugado en octubre del año anterior. En septiembre de 2017 fue condenado a nueve años de cárcel tras declararse culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero. Podría haberse ido más años a prisión, pero la FGR reclasificó el delito de delincuencia organizada –por el que originalmente había sido acusado– por el de asociación delictuosa, de menor gravedad.
Irónicamente, está el caso de Rodrigo Medina, el gobernador priista que antecedió a Rodríguez en el cargo y fue arrestado el 26 de enero de 2017 por órdenes de éste luego de ser acusado de peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido del servicio público y abuso de funciones. Pasó 17 horas en la cárcel y fue exonerado en 2018.
¿Cómo será el futuro de Rodríguez? ¿Similar al de Duarte o al de Medina? El tiempo nos lo dirá.
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