Dos organismos, uno internacional y otro paneuropeo, se refirieron ayer a México. Lo que el primero informó y lo que el segundo determinó seguramente no agradará al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por un lado, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de las Naciones Unidas difundió su Informe anual correspondiente a 2021 y de lo que se anota de México destaca lo siguiente: “El uso de bitcóin para blanquear dinero va en aumento, sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa (…) Se cree que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean unos 25 000 millones de dólares al año. Para no superar el umbral de las operaciones bancarias que hacen saltar las alarmas, que es de 7500 dólares, los delincuentes suelen dividir el dinero ilícito en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias, una técnica conocida en inglés como smurfing (“atomización”). Luego utilizan esas cuentas para hacer una serie decompras en línea de pequeñas cantidades de bitcóin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus asociados en otras partes del mundo (…) la Organización Internacional para las Migraciones analizó el impacto de la pandemia de COVID-19 [y] no encontró pruebas de que los grupos delictivos organizados hubieran tomado el control del tráfico de migrantes como medio para transportar drogas (…) En cambio se halló que los habitantes de las zonas fronterizas, que se habían empobrecido debido a la reducción de las oportunidades de empleo y a la pérdida de ingresos causada por las restricciones a la movilidad y al comercio, seguían practicando el contrabando [de drogas] de subsistencia [narcomenudeo]”.
Por el otro lado, en Estrasburgo (Francia) el Parlamento Europeo, cuyos 705 diputados son elegidos en los 27 países miembros por sufragio universal, directo y secreto cada cinco años y representan alrededor de 446 millones de ciudadanos de la Unión Europea, aprobó con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones, una resolución que señala que “México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra”, en donde durante el actual gobierno han asesinado a por lo menos 47 periodistas, nueve de ellos solo en lo que va de 2022, y a al menos 68 activistas de derechos humanos”. El Parlamento “observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano contra los periodistas y su labor (…) la retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas”, refiriéndose así a los intentos de AMLO de denigrar e intimidar a periodistas, propietarios de medios de comunicación y activistas. Los eurodiputados les piden a las autoridades “que se abstengan de cualquier comunicación que pueda estigmatizar a los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, y también a los defensores de los derechos humanos”.
¿Acusará Andrés Manuel a ambos organismos de ser conservadores, neoliberales o de estar al servicio de la mafia del poder? Habrá que ver qué dice hoy, si es que alguien le pregunta sobre estos temas.
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