Por fin, cinco años después, parece que la tortuga por fin se convirtió en liebre... y vienen las sanciones por el caso Odebrecht.
El Instituto Nacional Electoral (INE) se puso las pilas... esperemos que Duracell, y ya se encuentra en la etapa de substanciación de una investigación en contra de los señores Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya por el presunto financiamiento ilícito de la referida constructora brasileña a la campaña presidencial de PRI en 2012.
10 años después, mientras el expresidente se da la buena vida en Europa, la Unidad Técnica de Fiscalización del organismo electoral está recabando toda la información del caso para imponer las sanciones correspondientes. Algo le debería de aprender Alejandro Gertz Manero, a quien la Profepa ya planea dar protección especial, pues ha demostrado ser una tortuga más grande que las de Galapagos.
Esta semana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) prdenó a la Fiscalía General de la República que deje de poner pretextos y le entregue al INE las carpetas de investigación del caso Odebrecht, con la finalidad de que se puedan concluir las indagatorias en materia de fiscalización de recursos de procedencia ilícita en la campaña presidencial del PRI.
Recordemos que, en agosto 2017, una investigación periodística reveló que, durante el proceso electoral de 2012, la constructora brasileña transfirió 3.4 millones de dólares a empresas ligadas a Emilio Lozoya, quien ocupaba el cargo de vinculación internacional en la campaña peñista y, posteriormente, fue director de Pemex.
A raíz de esa información, la Fepade, entonces comandada por Santiago Nieto, abrió el expediente FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017, con el objetivo de determinar si el PRI y su excandidato presidencial cometieron un delito electoral. Las investigación avanzó de manera acelerada hasta que, en octubre de 2017, el fiscal electoral fue cesado de su cargo por haber declarado al diario Reforma que estaba recibiendo presiones por parte de Lozoya para frenar las investigaciones. Desde entonces, la indagatoria está congelada.
Paralelo a la investigación de la Fiscalía electoral, Morena y el PRD presentaron ese año denuncias en materia de fiscalización en el INE con la finalidad de que se determine si el dinero de Odebrecht entró o no a la campaña presidencial de Peña, tal como sucedió en otros países, donde se acreditó que la firma brasileña financió y trastrocó los sistemas electorales de varias naciones sudamericanas, que incluso derivó en sanciones penales contra mandatarios, como Pedro Pablo Kuczynski.
La resolución del Tribunal Electoral, que obliga a la FGR a darle toda la investigación del caso al INE, es de suma trascendencia y podría marcar un nuevo capítulo de la justicia electoral mexicana. Al nivel de otros casos emblemáticos como Pemexgate y los Amigos de Fox, en donde se acreditaron ilícitos de carácter electoral.
Un lustro después de que este caso sacudiera a la opinión pública del país, parece que por fin habrá consecuencias.
Esperemos que el INE se comprometa y cumpla. Como quizá hizo Peña con sus patrocinadores en 2021.