El exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles y siete de sus funcionarios son acusados por la compra de 7 cuarteles de seguridad en la entidad a sobreprecio.
De acuerdo con la carpeta de investigación a la que tuvo acceso el equipo de Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, autoridades emitieron orden de aprehensión contra 8 exfuncionarios del gobierno de Michoacán por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Hasta el momento sólo se han ejecutado 4 capturas y mañana se realizará la audiencia para determinar su situación jurídica, mientras que otros 4 exfuncionarios permanecen prófugos, entre ellos el exmandatario Aureoles Conejo.
Los exfuncionarios detenidos son:
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- Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública
- Mario Delgado Murillo, exsecretario administrativo de la SSP
- Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas.
- Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa.
Los exfuncionarios prófugos son:
- Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán
- Juan Bernardo Corona Martínez, exsecretario de Seguridad Pública
- Israel Patrón Reyes, exsecretario de Seguridad Pública
- Guillermo Loaiza Gómez, exdirector del comité de adquisiciones
¿Cómo realizaron la compra de cuarteles a sobreprecio en Michoacán?
Durante la gestión de Aureoles, el Gobierno de Michoacán realizó la contratación con la empresa inmobiliaria D&F S.A de C.V por contrato de arrendamiento de precios para 7 cuarteles de la Policía estatal en diversos municipios.
Dicha empresa se comprometió a hacer del desarrollo de los cuarteles.
Posteriormente, hubo una ampliación para darle los contratos de mantenimiento de dichos cuarteles y luego se hizo un convenio para su venta.
La firma inmobiliaria dijo tener 15 años de experiencia. No obstante, en la investigación se determinó que se constituyó en noviembre de 2015, tan solo unos meses antes de realizar los contratos.
De esta manera al exgobernador y a sus funcionarios se les acusa de haber autorizado y ejecutado la adquisición de los cuarteles de seguridad pública.
Además de haber causado un daño al erario por 3 mil 412 millones de pesos a través al menos de 90 trasferencias bancarias a la empresa inmobiliaria D&F.
Asimismo, nunca se reportó que los recursos estaban destinados a la compra de cuarteles.
