Ni bardas y espectaculares o proselitismo por parte coaliciones o partidos políticos estarán permitidos para los candidatos a un cargo del Poder Judicial de la Federación (PJF) de cara a la primera elección de jueces y ministros.
De lo contrario, se computarán en sus gastos personales de topes de campaña, proyecta imponer el Instituto Nacional Electoral (INE) en materia de fiscalización para la elección de juzgadores.
De acuerdo con fuentes del órgano electoral, el tope de gastos de campaña para los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría oscilar entre el millón y hasta 3 millones de pesos por candidato.
No obstante, la cifra puede modificarse, ya que los lineamientos prevén que los topes se den a conocer hasta quince días antes del inicio de las campañas.
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Los lineamientos de Fiscalización, que se analizarán este jueves en privado, prevén una serie de reglas para los candidatos como el prohibir el uso de recursos públicos de cualquier gobierno, entendiéndose como recursos humanos, materiales o financieros
En el caso que asistan o se les promueva en dichos eventos (proselitistas de partidos políticos, coaliciones, personas aspirantes a otros cargos), los gastos erogados serán prorrateados en la parte correspondiente, computarán para efectos del tope de gastos personales de campaña de la persona candidata a juzgadora y serán considerados ingresos de entes impedidos", prevé el órgano electoral
El uso de redes sociales estará permitido, sin embargo, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) moniteoreará que ésta no esté dentro de los rangos no permitidos.
Queda prohibida la contratación y/o adquisición en territorio nacional o fuera de él, por sí o por interpósita persona, de tiempos de radio y televisión para la promoción de las personas candidatas a juzgadoras, así como de espacios publicitarios y de promoción personal en medios de comunicación impresos o digitales, anuncios espectaculares y bardas en la vía pública, vallas, parabuses, entre otros"
Las personas candidatas a juzgadoras podrán hacer uso de redes sociales o medios digitales para promocionar sus logros, propuestas y experiencia, entre otros, siempre y cuando no impliquen erogaciones para potenciar o amplificar los alcances de sus contenidos; es decir, no podrán contratar por sí o a través de terceros, pautado publicitario”.
Entre los acuerdos también se establecería que el INE puede verificar la evolución de las situaciones patrimoniales de los candidatos no solo con su información sino también de sus cónyuges, concubinos o dependientes económicos directos.
Los candidatos estará obligados a presentar declaraciones anuales de los últimos dos años; y los nombres de usuario de todos los perfiles laborales y personales.
“En caso de que la creación de una nueva cuenta sea posterior al primer registro se deberá informar también dentro de los tres días siguientes a su alta”.
