Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), reconoció la complejidad en el traspaso de sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno debido a los contratos de trabajadores y con los servidores que hacen funcionar la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Durante el espacio noticioso de Ciro Gómez Leyva Por La Mañana, en entrevista con Marco Silva y Sophia Henriquez, aseguró que “no hay pretexto alguno” para que Raquel Buenrostro, quien estará al frente de la Secretaría, garantice el acceso a la información y la protección de datos personales.
“Los que nos vamos son los comisionados, no el personal. Las 759 plazas equivalen a 59 millones de pesos mensuales, por lo que calendarizamos (el presupuesto) hasta abril, para que cuando asume la función la Secretaría, se supone que deberán de continuar con el personal y las tareas”, explicó.
Cuestionada sobre los contratos que el INAI tiene para el funcionamiento de la PNT, indicó que este año se tendría que renovar el servicio de seguridad perimetral de la plataforma, al igual otro que garantiza la conexión con todos los servidores que se tienen para almacenamiento.
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“Todo este implica hablar con los proveedores y no sólo eso, también está el arrendamiento del edificio. No podemos salir ‘nos vamos y la casa se queda sin servicios’. Es muy complejo, no sé si hubo consciencia en la eliminación del Instituto”, aseveró.
Bajo ese tenor, la comisionada Del Río Venegas urgió pactar una reunión con Raquel Buenrostro para tratar estos temas y no esperarse a que sean aprobadas las leyes secundarias, las cuales determinarán cómo funcionará la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para garantizar transparencias.
Sólo el 9% de los datos de la PNT le pertenecen al Gobierno
La PNT resguarda el equivalente a 40 veces el Archivo General de la Nación, según lo que la comisionada Julieta del Río Venegas le indicó a El Universal.
La plataforma resguarda la información de 7 mil 407 sujetos obligados, de los cuales 723 son de nivel federal y 270 del Poder Ejecutivo.
Lo que quiere decir que sólo el 9.34 por ciento de los datos son de sujetos obligados del ámbito federal y el 3.64 por ciento del Poder Ejecutivo.
Por tanto, la información que hay en la PNT no podría ser transferida en su totalidad a la nueva Secretaría que forma parte del gobierno federal, según la comisionada.
