Los partidos políticos y servidores públicos tendrán prohibido posicionarse a favor o en contra de algún candidato a un cargo del Poder Judicial, mientras que la ciudadanía no podrá organizar debates o entrevistas inequitativas.
De acuerdo al catálogo de infracciones al que estarán sujetos candidatos, funcionarios y partidos en el proceso electoral judicial -y el cual prevé aprobarse en Comisión el viernes-, nadie podrá difundir encuestas o sondeados de opinión.
La competencia del Instituto Nacional Electoral (INE) a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) serán quejas relativas a candidaturas de ministros, magistrados de la Sala Superior y Regionales y de Disciplina Judicial, magistrados de circuito y jueces de distrito.
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Tendrán restricciones en la contratación de espacios en tiempos de radio y televisión, promoción en espacios físicos, impresos o digitales, de personas físicas o jurídicas que realicen y difundan encuestas o sondeos de opinión, actos de campaña en el extranjero.
Los candidatos serán infraccionados si realizan actos de campaña antes del periodo establecido por la ley para tal efecto; y la propaganda que contenga calumnia.
Para los funcionarios, entre la serie de restricciones, está el no participar en actos de proselitismo tanto en días laborales y no laborables, “cuando no se ostente la calidad de persona candidata a juzgadora”.
“El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre las personas candidatas.
“La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o de la Ciudad de México, con la finalidad de inducir o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor o en contra de cualquier persona candidata”.
Los ciudadanos, dirigentes de partidos, militantes, o vinculados con alguna candidatura no podrán difundir encuestas, sondeos de opinión “que tengan como fin dar a conocer las preferencias electorales, tres días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las casillas”.
“Realizar y difundir encuestas o sondeos de opinión sin presentar al Instituto un informe sobre los recursos aplicados en su realización; organizar foros de debate o entrevistas noticiosas en condiciones de inequidad”.
