La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador concluye este 30 de septiembre, luego de seis años en el poder y donde la estrategia para lograr la seguridad se mantuvo como uno de ejes prioritarios de su mandato.
A lo largo de su sexenio, el combate al crimen fue central para López Obrador ya que diariamente, desde muy temprano, encabezó reuniones con los titulares de la Defensa Nacional y de Marina además de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para diseñar estrategias de contención a la delincuencia.
La inseguridad en México, propagada fundamentalmente por el crimen organizado, también fue uno de los temas más abordados por los medios de comunicación.
“Abrazos no balazos” una frase que cobró relevancia en este sexenio con la que López Obrador trató de sintetizar su estrategia anticrimen, es decir, priorizar la atención a las causas que orillan a las personas a adherirse a los grupos del crimen organizado, como la pobreza, pronto se convirtió en un blanco de críticas contra el Ejecutivo federal ante un recrudecimiento de la violencia en su administración.
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Al iniciar su gobierno, el jefe del Ejecutivo federal delineó, como parte de su plan de trabajo, 100 compromisos en los cuales fijó cuáles serían sus principales tareas a cumplir durante los primeros dos años de su administración.
En los compromisos, además de las reuniones de seguridad, estableció que se iban a constituir 266 coordinaciones de seguridad pública en todo el país que estarían atendidas por la Guardia Nacional para combatir delitos como el homicidio doloso, secuestro, robo, entre otros.
La Guardia Nacional, un cuerpo de élite, inicialmente propuesto de carácter civil y que luego viró hacia el entrenamiento y control por parte de las Fuerzas Armadas, se convirtió en una de las apuestas principales de AMLO para hacer frente a la delincuencia y sus diversas vertientes.
En sus compromisos, el mandatario federal aseguró que iba a terminar con la "guerra" contra el narcotráfico y en cambio ofreció un enfoque de la construcción de la paz y la hermandad.
Para lograr esta encomienda, estableció que su gobierno se iba a centrar en los programas sociales a fin de evitar que jóvenes en condiciones de pobreza fueran atraídos por las organizaciones delictivas.
Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, López Obrador propuso un “cambio de paradigma” en materia de seguridad nacional que fuera distinto al que implementaron los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entre 2006 y 2018, y que derivó en un aumento de los homicidios, personas desaparecidas, violación a los derechos humanos y un recrudecimiento del daño al tejido social.
“El actual gobierno decidió cambiar las medidas de guerra por una política de paz y seguridad integral que ataque las raíces mismas del descontrol delictivo y de la pérdida de seguridad y que tenga como objetivo inmediato la reducción de los índices delictivos”, indica el Plan.
Este plan fue ejecutado durante el gobierno de AMLO durante seis años, pero ¿cuál fue el resultado?
¿Cuáles fueron las consecuencias de la estrategia de seguridad de AMLO?
Para David Saucedo, analista de seguridad, la estrategia de seguridad de López Obrador ha tenido claroscuros y el resultado es negativo. Hay tres formas de medir el resultado, según el especialista, la primera es por sus promesas de campaña.
“El resultado es completamente adverso, el presidente se comprometió en la campaña de 2018 a una serie de objetivos que no se cumplieron, especialmente a pacificar el país, no hubo tal, se mantienen más o menos los mismos niveles de violencia”, señaló en entrevista con Radio Fórmula Digital.
Saucedo consideró que durante este sexenio se estabilizaron las cifras de homicidios que se cometen en el país, pero no hubo una reducción importante en este ámbito. Este es el segundo indicador para medir la estrategia de seguridad.
“Quizás el único mérito que tenga el presidente es haber evitado el crecimiento del número de homicidios. [...] Si se le mide con relación a los indicadores duros, no maquillados, que se han podido ir construyendo con el tiempo, pues evidentemente el resultado también es adverso”, sostuvo.
De diciembre de 2018 a 2024 hubo un aumento de la violencia homicida, las capacidades operativas de los grupos del crimen organizado incrementaron y lo mismo sucedió con la presión de Estados Unidos en todos los ámbitos para endurecer las directrices en materia de seguridad, de acuerdo con el especialista.
A la par, aumentaron delitos, como la extorsión, y la llegada de nuevos grupos criminales a zonas en las que esto no había ocurrido. A pesar de que los resultados en materia de seguridad son negativos, estos no se traducen en una sanción electoral por parte de la ciudadanía, ya que no responsabiliza ni al presidente ni a su administración de lo que ha ocurrido en este ámbito.
¿La estrategia contra el narcotráfico cambio tras el Culiacanazo de 2019?
Uno de los primeros sucesos que marcaron la administración de AMLO y después repercutió en el combate al crimen organizado fue el primer “Culiacanazo”, en 2019, como se le conoce a la captura fallida de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El 17 de octubre de 2019, también conocido como el jueves negro de Culiacán, integrantes de las Fuerzas Armadas capturaron a Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”; sin embargo, sus hermanos, conocidos como "Los Chapitos", desplegaron varios ataques contra los elementos de seguridad que estaban en la zona y realizaron bloqueos, así como diferentes hechos violentos en el municipio para presionar a las autoridades y que liberaran al narcotraficante.
“Los Chapitos” lograron su cometido ya que, ante la violencia ejercida en las calles de Culiacán, lograron que el presidente López Obrador ordenara la liberación del capó después de que ocho militares fueron tomados como rehenes.
Incluso el presidente López Obrador defendió esa instrucción ante las críticas que recibió por el fallido operativo. Argumentó la importancia de evitar la pérdida de vidas y la violencia que se desplegó en Sinaloa.
La caza de Ovidio tuvo como consecuencia otro “Culiacanazo” en enero de 2023, donde se logró la captura del capo y posteriormente su extradición a Estados Unidos. Ahí se le acusa de conspiración para traficar fentanilo, entre otros delitos.
Pero, ¿el “Culiacanazo” provocó un cambio en la estrategia de seguridad?
El analista de seguridad, David Saucedo consideró que sí hubo un cambio en la estrategia para combatir al crimen organizado, principalmente a los grupos del narco, pero no fue por decisión del gobierno federal, sino por presión de Estados Unidos.
“El presidente se había propuesto no realizar capturas de narcotraficantes de alto perfil, bajar la tasa de letalidad en los enfrentamientos de las fuerzas de seguridad pública con los narcotraficantes y sobre todo reducir los operativos de presencia disuasiva, pero esto dejo existir, esa fue un poco más o menos la estrategia de abrazos, no balazos”, detalló.
La estrategia de “abrazos no balazos” se mantuvo a nivel discursivo, pero en el plano operativo fue modificada, según Saucedo. Un ejemplo de esto son todas las capturas de líderes del narco que se han realizado durante esta administración y varios pertenecían al Cártel de Sinaloa, así como al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las organizaciones del crimen más poderosas del país.
Entre las aprehensiones más importantes del Cártel de Sinaloa están la de Ovidio Guzmán, en enero de 2023; la de Nestor Isidro Pérez, jefe de seguridad de “Los Chapitos” a quien le apodan “El Nini”, en noviembre de 2023, y la de Mario Alexander 'N', alias "El Piyi", quien se desempeñaba como jefe de sicarios de la facción de los hijos del "Chapo".
En el caso del CJNG están las de Rosalinda González, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes en 2021; Antonio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “Tony Montana” y hermano del “Mencho” en 2022; Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo” y quien también es uno de los hermanos de líder del CJNG, en abril de este año aunque fue liberado en junio por contradicciones durante el proceso judicial.
A la par se reactivaron las extradiciones, la mayoría de los líderes criminales que tenían posiciones importantes al interior de las estructuras delictivas ya fueron enviados a EU para que sean juzgados en ese país. También han incrementado los decomisos de drogas y la Secretaría de Marina (Semar) tomó el control de los puertos que se localizan en el Pacífico Sur para evitar la entrada de precursores químicos, sobre todo los que se usan para fabricar fentanilo.
“Esa estrategia ya no existe, aunque discursivamente el presidente insista en ella, pero desde hace tiempo, se abandonó a regañadientes y por cuestión de Washington no, no de voto propio, pero eso es lo que realmente sucedió en estos años”, profundizó el especialista.
La captura del "Mayo" y de Guzmán López por EU y sin intervención del gobierno de AMLO
Otra de las capturas históricas que marcó el final de este sexenio fue la de Joaquín Guzmán López e Ismael “El Mayo” Zambada el 25 de julio de este año.
Aunque en ambos casos las autoridades mexicanas no fueron quienes los capturaron, sino que “El Chapito” secuestró al “Mayo” y lo llevó a Estados Unidos para entregarlo.
Zambada García era uno de los criminales más buscados en ese país y en México, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ofrecía 15 millones de dólares de recompensa a quien proporcionara información que condujera a su detención.
La detención del “Mayo” y de Guzmán López provocó varias críticas hacia la administración de López Obrador porque hasta el final de su administración prevalecieron los vacíos informativos sobre la captura de los dos integrantes del Cártel de Sinaloa.
Aunado a que “El Mayo” hizo pública una carta a través de uno de sus abogados en la que acusó a Guzmán López de haberlo citado en un rancho de Sinaloa bajo el pretexto de que iban a reunirse con el gobernador actual del estado, Rubén Rocha, y con el político Héctor Melesio Cuén para arreglar diferencias entre ambos. También se supo que entre los elementos de seguridad que cuidaban al capo había un funcionario de la Fiscalía del estado.
El gobernador de Sinaloa negó dicha reunión y argumentó que ese día viajó a EU; sin embargo, hay varias inconsistencias en su testimonio. Después de la detención del Zambada García y de Guzmán López se desató una "guerra" entre las facciones de "Los Chapitos" y de "Los Mayos" por el control del cártel que generó una ola de violencia en el estado, principalmente en Culiacán, y hasta ahora no ha cesado.
Esta captura es fundamental para las autoridades estadounidenses por la cantidad de información que poseen los dos narcotraficantes y que será trascendental para el combate al tráfico de fentanilo.
Esto se debe a que el Cártel de Sinaloa ha sido señalado como el principal proveedor del opioide en EU, el cual ha provocado miles de muertes por sobredosis en ese país y una crisis de salud.
Los programas sociales para prevenir la adhesión al crimen organizado
Uno de los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública es garantizar empleo, educación, salud y bienestar a través de la creación de puestos de trabajo, la garantía del derecho de todos los jóvenes a la educación superior, inversión en infraestructura y en servicios de salud, así como a través de los programas regionales, sectoriales y coyunturales de desarrollo, entre los que están los siguientes:
- Jóvenes Construyendo el Futuro.
- Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).
- Universidades para el Bienestar.
- Pensión Universal para Personas Adultas Mayores.
- Becas "Benito Juárez".
- Crédito Ganadero a la Palabra.
- Producción para el Bienestar.
- Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos.
- Programas de Comunidades Sustentables "Sembrando Vida", de Infraestructura Carretera, Zona Libre de la Frontera Norte, Tren Maya, Corredor Multimodal Interoceánico y Aeropuerto "Felipe Ángeles" en Santa Lucía.
El presidente López Obrador, así como la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, han declarado en distintas ocasiones que a través de los programas sociales buscan alejar a infancias y jóvenes de zonas marginadas de las redes del crimen organizado.
El sexto informe de gobierno de AMLO indica que Jóvenes Construyendo el Futuro ha priorizado a quienes habitan municipios de alta y muy alta marginación, con altos índices de violencia o que forman parte de grupos vulnerables, como los indígenas.
El 59.4 por ciento del total de los jóvenes que son beneficiarios de este programa pertenecen a estos sectores y equivalen a un millón 767 mil 29 personas.
Además, el 27.1 por ciento del total de los beneficiarios, es decir 806 mil 958 jóvenes, viven en municipios de alta incidencia delictiva; 17.5 por ciento, es decir 521 mil 591 jóvenes son de municipios de alta marginación o con altos niveles de pobreza; el 14.2 por ciento, 420 mil 779, son de municipios con población indígena, y el 0.6 por ciento, 17 mil 701, son de personas con distintos tipos de capacidad.
El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ha llegado a 2 mil 471 de los 2 mil 477 municipios, aunque se ha concentrado en los más marginados o con los mayores niveles de pobreza, de acuerdo con el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Al respecto, Gerardo Álvarez, investigador de la dirección de Incidencia Política de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), opinó en entrevista con Radio Fórmula Digital que sí se requieren de políticas públicas como los programas sociales implementados durante este sexenio, pero el problema es que no han sido focalizadas para las poblaciones objetivo.
“Si me preguntas si los programas sociales han bajado los índices delictivos o son capaces de bajarlos, no, por lo menos en lo que ha ocurrido este sexenio pues no hay evidencia alguna de que los programas sociales actualmente vigentes en México hayan producido algún efecto en los niveles de incidencia delictiva en el país, en todo caso habría que decir que dan resultados insuficientes”, agregó.
Los datos más actualizados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) corresponden a 2020 y establecen que en los 15 municipios con mayor porcentaje de pobreza, sólo uno cuenta con la presencia de siete programas sociales, el resto no tiene ninguno.
Por el contrario, los 15 municipios con el menor porcentaje de pobreza a nivel nacional tienen más programas sociales que aquellos donde esta problemática es mayor a pesar de lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad.
Desde México Unido contra la Delincuencia consideran que es necesario implementar políticas públicas para reducir el reclutamiento de infancias y jóvenes, aunque es importante hacerlo con una metodología y diagnóstico más claro en lugar de creer que porque un gran porcentaje de estos sectores de la población están recibiendo becas o algún beneficio significa que en automático no van a delinquir.
Homicidios, uno de los pendientes de AMLO
Los homicidios forman parte de uno de los ejes más importantes al abordar la estrategia de seguridad a nivel nacional. De acuerdo con el último informe de seguridad, a nivel nacional se han registrado 191 mil 143 delitos de este tipo desde 2019 hasta julio de 2024.
En este sentido, Gerardo Álvarez señaló que a dos meses de que concluyera la administración de AMLO, es decir hasta agosto de este 2024, había 153 mil 520 carpetas de investigación por homicidio y durante el mismo periodo, pero del expresidente Peña Nieto, había 110 mil 602, una diferencia de casi 40 mil.
En 2020, la cifra de homicidios alcanzó un pico y durante 2021, así como 2022, se redujo. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes bajó por primera vez en mucho tiempo, según el investigador del MUCD. A pesar de esto las cifras aún son altas.
Otro dato preocupante es que sólo seis entidades concentran alrededor del 40 por ciento de los homicidios a nivel nacional. Se trata de Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Guerrero.
“Ahí hay un tema que hay que ver, porque qué hacemos en esas zonas, qué políticas públicas implementamos en esa zona para reducir y atajar en esta concentración que es muy importante”, expresó.
Por su parte, David Saucedo, especialista en seguridad, consideró que es erróneo comparar la cifra acumulada de homicidios de este sexenio con las administraciones pasadas para analizar el indicador.
¿Por qué? Porque el expresidente Enrique Peña Nieto dejó alta la métrica y con un pico de homicidios, el cual se mantiene durante el sexenio actual y se estabilizó.
“Digamos que aquí hay una doble trampa, por un lado el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste de manera errónea en decir que hubo una reducción en el número de homicidios que se cometen en el país desde que él entró, eso es falso, pero también la oposición se equivoca al decir que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador es el que tiene mayor número de homicidios”, sostuvo.
En caso de que se quiera hacer una comparación entre los homicidios de cada sexenio, para el especialista lo que se debería hacer es obtener la tasa por cada 100 mil habitantes y ahí sí se podría hablar de lo que ocurrió en cada sexenio.
¿Cómo debe ser la estrategia de seguridad de Sheinbaum?
Este 1 de octubre, Claudia Sheinbaum toma posesión como presidenta de México y no sólo eso, sino que será la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. La titular del Poder Ejecutivo ha asegurado que en su estrategia de seguridad va a dar continuidad a varias de las políticas que se implementaron durante la administración de López Obrador.
Omar García Harfuch, quien será el próximo secretario de Seguridad Pública; el general Ricardo Trevilla Trejo, nombrado secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Raymundo Morales Ángeles, quien será desempeñará como titular de la Marina, serán los encargados de la estrategia de seguridad.
Para el investigador de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Sheinbaum debería apostar por el fortalecimiento de policías, fiscalías, servicios periciales, así como por la profesionalización y la construcción de instituciones de seguridad.
De la misma manera es importante que haya una iniciativa para el control de armas, las cuales se deben impulsar para generar mejores políticas de desarme y para combatir el tráfico, por lo que es necesario llevar un mejor control de registros.
“Es necesario que la siguiente administración repiense el rol de la Sedena como principal órgano regulador de las armas de fuego. Añadiría la implementación de mejores controles, la militarización será un hecho, llamaría a buscar más controles civiles en la manera en que las Fuerzas Armadas realizan estas acciones”, concluyó.
La próxima presidenta de México no sólo heredó varias de las políticas que se implementaron durante el sexenio de AMLO para usarlas en su estrategia de seguridad, sino que tiene uno de los retos más importantes que el presidente no logró durante su administración y es pacificar al país.