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AYOTZINAPA

10 años de Ayotzinapa: Guerreros Unidos, el papel de la DEA y la colusión de autoridades

La participación de Guerreros Unidos en la desaparición de los 43 evidenció el nivel de corrupción que había entre el crimen y autoridades de los 3 niveles de gobierno.

Guerreros Unidos fue el grupo criminal que participó en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.
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Este 26 de septiembre es el décimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, son 10 años donde las preguntas prevalecen sobre las respuestas. A pesar de que durante el sexenio actual se derrumbó la “verdad histórica”, como se le conoce a la versión que se gestó bajo la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, y se confirmó que se trató de un crimen de estado aún se desconoce el paradero de los normalistas.

Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han realizado varias revelaciones que han contribuido a la investigación con datos para develar lo que realmente ocurrió la noche de la desaparición en el 2014.

Una de las revelaciones fue que se confirmó que el grupo criminal de Guerreros Unidos sí estuvo detrás de la desaparición de los estudiantes, pero lo hizo en colusión con autoridades gubernamentales y policías municipales, estatales, así como con elementos del Ejército.

Además, se descartó que los jóvenes hayan sido incinerados en el basurero de Cocula por dicho grupo criminal y en su lugar se dio a conocer que los 43 fueron divididos al menos en tres grupos, que tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala no volvieron a estar juntos en ningún momento y que los dividieron en tres grupos, por lo menos, para llevarlos a diferentes lugares.

Entonces ¿cuál fue el papel de Guerreros Unidos y en la desaparición de los 43? A continuación hacemos un recuento de todo lo que se sabe hasta ahora sobre la participación del crimen organizado en el caso Ayotzinapa. Lo que puede contribuir a responder la interrogante de: ¿por qué?

Padres y madres de los 43 protestaron afuera del Senado para exigir que investigación avance. Créditos: Cuartoscuro.

¿Cuál fue el papel de Guerreros Unidos en la desaparición de los 43?

Los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” planearon y se organizaron para asistir a las protestas que se iban a realizar por la conmemoración de la Matanza de Tlatelolco en la CDMX desde agosto de 2014.

El 25 de septiembre, los normalistas aún no contaban con los autobuses necesarios para trasladarse a la capital del país, sólo consiguieron ocho de las 20 unidades que necesitaban.

La falta de camiones provocó que el 26 de septiembre salieran en dos autobuses a buscar las unidades que les faltaban. Intentaron conseguirlos en Chilpancingo, pero policías estatales y federales no lo permitieron. 

Así que tuvieron que trasladarse al Rancho del Cura, cerca de Iguala, y sobre la carretera federal 095 tomaron un camión Costa Line que venía de Acapulco. Los normalistas decidieron ir a la central de Iguala para dejar a los pasajeros que viajaban en esa unidad después de sus intentos fallidos.

El seguimiento de Guerreros Unidos a los normalistas empezó desde que se policías informaron sobre su presencia en Iguala, de acuerdo con el Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), debido a que el grupo criminal creía que entre los estudiantes había integrantes de Los Rojos, grupo rival.

La salida de la central de Iguala y el seguimiento de Guerreros Unidos

Los estudiantes de Ayotzinapa salieron de la central camionera de Iguala a bordo de cinco autobuses, dos ya los llevaban y tres que tomaron ahí, la noche del 26 de septiembre.

Guerreros Unidos y autoridades municipales desplegaron un operativo para bloquear salidas, igual que entradas, en Iguala desde que se informó que los normalistas estaban en la central camionera.

Salida de los normalistas de la central camionera de Iguala. Créditos: Captura del Segundo Informe de la Covaj.

La Policía de Iguala colocó un retén a la altura del Palacio de Justicia y también había elementos de la Policía Federal; mientras que el grupo criminal instaló dos retenes, uno sobre la carretera Iguala-Teloloapan y otro sobre la carretera Iguala-Chilpancingo.

Guerrero Unidos colocó uno más en el crucero de Santa Teresa en coordinación con policías municipales de Iguala, Huitzuco y Tepecoacuilco de Trujano. En total 43 estudiantes que viajaban en cuatro camiones fueron detenidos por elementos de seguridad y los de la quinta unidad alcanzaron a huir.

Las investigaciones revelaron que después de la detención se dio la instrucción de desaparecer a los normalistas. La Covaj encontró que la Policía de Cocula recogió a algunos estudiantes en la comandancia de la Policía de Iguala y los entregó en Lomas de Coyote a policías municipales del municipio en el que se encontraban.

Los 43 normalistas no volvieron a estar juntos después de su detención y se sabe que los llevaron a diferentes lugares en los municipios de Cocula, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Huitzuco, Iguala, San Miguel Totolapan, Taxco, Teloloapan y Tepecoacuilco.

El grupo criminal tenía un estrecho vínculo con policías municipales de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco y Huitzuco, con policías estatales, ministeriales, federales y con el Ejército Mexicano.

¿Qué autoridades estaban vinculadas con Guerreros Unidos?

Guerreros Unidos tenía un nivel importante de penetración en las instituciones de seguridad y tenía vínculos con autoridades de los tres niveles de gobierno. Lo que facilitó la desaparición de los 43.

El expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, era uno de los funcionarios que tenía nexos con este grupo criminal y testimonios de la investigación sobre la desaparición lo acusaron de inyectar dinero a la organización.

Abarca y esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron detenidos en 2014 en la CDMX por sus vínculos con el crimen organizado y la participación que tuvieron en la desaparición de los 43.

Detención de José Luis Abarca en 2014. Créditos: Cuartoscuro.

Además, los jefes de las policías municipales de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco y Huitzuco eran integrantes de Guerreros Unidos. Incluso se encargaban de dar protección y asignar escoltas a otros de sus integrantes durante las ferias y jaripeos que realizaban.

La organización delictiva se encargó de financiar un grupo de élite de la Policía de Iguala identificado como “Los Bélicos”, el cual se encargaba de traficar cocaína, de secuestrar y asesinar personas.

La complicidad entre autoridades y Guerreros Unidos también se evidenció en las intervenciones que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) realizó a integrantes de esta célula delictiva que operaban en Chicago y que entregó durante la administración actual.

Estas intervenciones permitieron confirmar el vínculo entre elementos del Ejército y los criminales, específicamente del 27 batallón de infantería y del 41 batallón.

Mensajes interceptados por la DEA. Créditos: Captura del Segundo Informe de la Covaj.

El quinto autobús y la hipótesis de que iba a usarse para traficar heroína a EU

Una de las hipótesis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), grupo de juristas y médicos forenses que se creó para investigar de manera alterna lo que ocurrió el 26 de septiembre, fue que los normalistas tomaron, sin saberlo, un autobús que iban a ser utilizado para traficar heroína hacia EU.

Esta hipótesis fue retomada en la serie documental de Max “Los 43 de Ayotzinapa: un crimen de Estado” y surgió después de que los expertos independientes encontraron que hubo un quinto camión que fue tomado por los estudiantes para trasladarse a la CDMX.

Alejandro Valencia, abogado defensor de derechos humanos de Colombia, y Carlos Beristain, médico y doctor en psicología de España, fueron los dos expertos independientes que tuvieron más contacto con los normalistas sobrevivientes. Así se enteraron de que había un quinto autobús.

Así que pidieron los videos de seguridad de la central de autobús de Iguala y así se dieron cuenta de que en las investigaciones se omitió esa información. 

Enrique Diego García, uno de los sobrevivientes del quinto autobús, relató para la serie documental que el autobús fue detenido por policías federales de caminos a un costado del Palacio de Justicia, donde estaba otro de los camiones que tomaron los normalistas. Los uniformados les apuntaron con las armas y los amenazaron para que se bajaran o los iban a matar.

“Caminamos, pero ya cuando estamos a una cierta distancia de los policías echamos a correr, nos empiezan a disparar, afortunadamente no le dan a ninguno y sale una señora al escuchar los balazos y nos abre las puertas de su casa. Si no es por ella nos hubieran matado en ese momento”, recordó.

Por los testimonios, el GIEI se dió cuenta que la Policía Federal mintió porque dijeron que no estuvieron cuando el autobús fue detenido y fueron los que lo pararon.

Los expertos independientes solicitaron ver el quinto autobús que aparecía en el video, pero el que les dieron no coincidía con las características del que observaron en los videos de seguridad. La tapicería era otra y los sellos que acreditan que el camión cuenta con todos los permisos y normas vigentes estaban colocados de diferente forma, según Carlos Beristain.

¿Qué pasó con el quinto autobús? Fue escoltado por elementos de la Policía Federal mientras se realizaba el operativo en el que desaparecieron los 43 y lo enviaron a Morelos, según John Gibler, periodista que investigó el caso. Además, el GIEI encontró que después llegó a Cuetzalan, en Puebla, y pasó a un lado de un aeródromo privado. 

Esta información tampoco la incluyeron en el expediente que se elaboró durante la administración de Peña Nieto y no sólo eso, sino que se alteró la declaración del conductor porque encontraron una declaración firmada de lo que pasó el 26 de septiembre y coincidía con lo que los normalistas sobrevivientes dijeron. Sin embargo, la empresa tenía otro documento en el que el chofer aseguró que los estudiantes se bajaron del autobús.

Presentación del tercer informe del GIEI en 2023. Créditos: Cuartoscuro.

La investigación de la DEA sobre el tráfico de heroína 

Guerrero era uno de los estados productores de amapola para hacer heroína en 2014 y el GIEI encontró que la DEA tenía una investigación abierta en Chicago, EU, en donde se indicaba que Guerreros Unidos usaba camiones de pasajeros para traficar heroína a ese país.

Tras este hallazgo, el GIEI contactó al departamento de la DEA en ese estado. La Agencia supo que Guerreros Unidos tenía presencia en Chicago después de la detención de un hombre que era sospechoso de lavado de dinero, de acuerdo con Dennise Wichern, exagente especial de la DEA encargado de esa división.

La DEA documentó que Guerreros Unidos se instaló en Iguala para mantenerse cerca de los productores de opio para fabricar heroína y la trasladaban en camiones de pasajeros que alteraban.

“Todos los viernes un autobús salía de Iguala, México, cargado de heroína. Una vez que llegaba a Chicago, las drogas se descargaban en un barrio periférico”, comentó Dennise Wichern para la serie documental.

El 26 de septiembre de 2014 fue viernes. El exagente de la DEA indicó que el grupo criminal era “bueno” para hacer compartimentos ocultos en los camiones. El ingeniero que alteró la estructura de los autobuses para Guerreros Unidos colocó un tubo en el parachoques de cada unidad y ahí depositaban la heroína o dinero.

“El Gil” y las detenciones de Guerreros Unidos

El grupo criminal de Guerreros Unidos es una escisión del cártel de los Beltrán Leyva y fue fundada en 2009 por Mario Casarrubias Salgado, alias “El Sapo Guapo” y por Cleotilde Toribio Rentería, alias “El Tilde”.

Sin embargo, en el momento de la desaparición de los 43 normalistas el control lo tenían los hermanos Sidronio, Ángel y Adán Casarrubias Salgado porque “El Sapo Guapo” fue detenido antes.

Mientras que en el segundo nivel de mando se encontraba Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, quien era jefe regional de Guerreros Unidos en Iguala y se convirtió en una pieza clave del sexenio de AMLO para conocer lo que sucedió con los 43.

“El Gil” fue acusado en 2015 de ordenar la privación de la libertad y homicidio de los estudiantes de Ayotzinapa, por lo que fue detenido en septiembre de ese año por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

Detención de "El Gil". Créditos: Cuartoscuro.

De testigo protegido a volver a la cárcel

A pesar de las acusaciones en su contra, “El Gil” fue liberado en 2019 y para 2020 se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) a cambio de proporcionar información sobre el caso. 

No obstante, “El Gil” fue recapturado el pasado 6 de septiembre nuevamente por el delito de delincuencia organizada.

Al respecto, el presidente López Obrador leyó, en su conferencia matutina del pasado 25 de septiembre, una carta que envió a los padres y madres de los 43 en la que sostuvo que las investigaciones sobre la desaparición de los 43 no han avanzado porque “El Gil” no coopera.

El primer mandatario recordó a los familiares de los desaparecidos que López Astudillo aceptó colaborar como testigo protegido a cambio de frenar la extradición a Estados Unidos de Abigael González Valencia, posible integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación.

AMLO escribió en el documento que “El Gil” contribuyó a identificar los restos de dos de los 43 desaparecidos, pero señaló que no ha sido posible avanzar porque “no ha mostrado voluntad para seguir cooperando, aun cuando él tiene la comunicación y el contacto con otros integrantes de la organización Guerreros Unidos".

López Obrador afirmó que “El Gil”, pese a que sigue en la cárcel, tiene contacto con policías municipales de Iguala, Cocula y autoridades locales que saben lo que pasó la noche del 26 de septiembre.

La Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa tiene 135 expedientes en trámite, con 151 personas procesadas: 120 en prisión preventiva y 31 con otras medidas cautelares. 

Entre los detenidos hay 39 miembros de Guerreros Unidos, uno de ellos es Felipe Rodríguez Salgado, alias 'El Terco' o 'El Cepillo', que fue recapturado el pasado 21 de septiembre luego de que lo liberaron en 2018. También hay 88 policías y 16 militares.

Todavía quedan 60 órdenes de aprehensión pendientes y tres procesos de extradición en curso, uno es el de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Aunque las investigaciones aún no aportan claridad sobre el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y será una deuda que pasará al sexenio de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, sí evidenciaron la corrupción y complicidad que hubo entre criminales y autoridades de los tres niveles de gobierno.