La noche del 26 de septiembre de 2014 marcó un antes y después en la historia reciente de México. Hace una década, desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero, hecho que no sólo expuso la calidad de la impartición de justicia en el país, sino también las redes de complicidad de autoridades de los tres niveles de Gobierno con grupos delictivos, así como la omisión e inacción del Estado ante un crimen de tal magnitud.
Después de 10 años, 2 sexenios y un par de versiones de los hechos, aún hay diversas interrogantes en el caso. La pesadilla para los padres y madres de los desaparecidos comenzó luego de que los normalistas secuestraron camiones con los que buscaban trasladarse a la Ciudad de México para participar en las manifestaciones que conmemoran La Masacre de Tlatelolco de 1968.
Así fue la desaparición de los 43 normalistas
De acuerdo con varios testimonios que fueron recopilados en el documental Los 43 de Ayotzinapa: Un Crimen de Estado de HBO Max, a las 18:00 horas, dos camiones salieron de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Tras el secuestro de tres autobuses de la central camionera de Iguala y después de haber emprendido su trayecto a la CDMX, al cruzar el centro del municipio, los estudiantes se percataron de que se estaba realizando un evento de la esposa del exalcalde, José Luis Abarca, pero hicieron caso omiso.
Alrededor de las 21:30 horas del pasado 26 de septiembre, mientras tres autobuses transitaban sobre la calle Juan N. Álvarez a baja velocidad debido a las calles estrechas, policías municipales los interceptaron. Ante la intensión de querer mover la patrulla que impedía su trayecto, lo oficiales dispararon contra los jóvenes. A la par, estudiantes que viajaban en otro autobús ya se encontraban bocabajo en el pavimento, mientras los elementos de seguridad los golpeaban.
A partir de ese momento, ya nunca se supo del paradero de 29 estudiantes que subieron a dos patrullas.
El segundo ataque se dio a las 22:00 horas, frente al Palacio de Justicia, en donde otro autobús fue interceptado por policías municipales, quienes rompieron vidrios y aventaron gas lacrimógeno dentro de la unidad para que los jóvenes descendieran. De este último vehículo se llevaron a 14 pasajeros y, desde aquel entonces, ya nunca se supo de su paradero.
Hubo un tercer ataque a las 00:30 del 27 de septiembre. Los estudiantes decidieron hacer una conferencia de prensa improvisada después de que la policía municipal disparó y se llevó a unos grupos de estudiantes. El encuentro con reporteros, maestros,egresados de la escuela y vecinos de la zona se dio sobre la calle Juan N. Álvarez. En esa ocasión, también hubo disparos, pero de parte de civiles armados
Julio César Mondragón fuentes, apodado ‘El Chilango’, trató de huir de las balas, sin embargo, al día siguiente su cuerpo fue hallado a unas cuadras del lugar de los hechos, pero sin rostro.
Además de los estudiantes normalistas, un equipo de futbol local también fue víctima de la brutalidad de las autoridades y su complicidad con el crimen organizado. Los Avispones, como se hacen llamar en la cancha, regresaban a bordo de un autobús del club deportivo, cuando fueron atacados a balazos por sicarios en las inmediaciones del crucero de Santa Teresa, ubicado a unos 10 kilómetros de Iguala.
En el ataque, David Josué El Zurdito García Evangelista, un adolescente de 15 años, así como el chofer de la unidad, Víctor Manuel Lugo Ortiz muerieron. Además resultaron varios heridos, entre ellos el director técnico de ese entonces, Pedro Rentería.
‘La Verdad Histórica’ y el GIEI
“La verdad histórica”, como fue bautizado el informe que realizó el gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, sostiene que los jóvenes fueron secuestrados, asesinados y calcinados por integrantes del cártel Guerreros Unidos. Según la investigación, sus restos fueron esparcidos en el basurero de Cocula.
Jesús Murillo Karam, extitular de la entonces Procuraduría General de la República (FGR), y Tomás Zerón, quien fuese responsable de la Agencia de Control Criminal, estuvieron a cargo de la investigación en el gobierno priista.
El primero, fue arrestado en septiembre del año pasado tras ser detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) por los crímenes de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia. Dejó la cárcel en el pasado mes de abril, luego de que un juez de control del Reclusorio Sur de la CDMX le otorgó a medida de prisión domiciliaria.
El segundo, vive en Israel mientras las autoridades mexicanas lo acusan de los mismos ilícitos que a Murillo Karam, sumándole delitos financieros.
El 22 de octubre de 2014, Murillo Karam informó de la detención de Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos, cártel al que el gobierno de Peña Nieto responsabilizó de la desaparición de los jóvenes.
“Guerreros Unidos había tejido una red de complicidad en varias alcaldías. En caso concreto de Iguala, este grupo criminal recibía del presidente municipal (José Luis Abarca), de 2 a 3 millones de pesos de manera regular de los cuales al menos 600 mil eran destinados al control de la policía local”, informó en conferencia de prensa el exfuncionario.
El 4 noviembre del año antes referido, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron detenidos en un domicilio ubicado en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX. Sin embargo, en mayo de 2023, el Tribunal Colegiado de Apelaciones del Décimo Noveno Circuito con residencia en Matamoros, Tamaulipas, exoneró al exalcalde de Iguala del secuestro de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Días después, el 7 de noviembre, el extitular de la PGR aseguró que policías municipales entregaron a los 43 normalistas a Guerreros Unidos y fue el cártel quien los secuestró, asesinó e incineró en el basurero de Cocula y sus restos fueron triturados y lanzados al río San Juan. En enero de 2015 dicha teoría se reafirmó cuando se presentó la "verdad histórica”.
En septiembre de 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), peritos extranjeros que realizaron una investigación paralela a la de la "verdad histórica” ante el rechazo de los padres de los 43 normalistas, dio a conocer su primer informe.
El GIEI evidenció inconsistencias en la investigación oficial. Además, planteó como hipótesis del móvil del ataque el traslado de drogas en un quinto autobús no investigado, vinculado a Guerreros Unidos, con destino a Chicago, Estados Unidos. De acuerdo el informe, los estudiantes pudieron tomar, sin saberlo, este camión.
Para su tercer informe, dado a concer en 2022, el GIEI reveló que, en videos que la Marina tenía resguardados, se muestran operaciones no registradas de manipulación a la supuesta escena del crimen en el basurero de Cocula en donde la "verdad histórica” sostiene que los estudiantes fueron incinerados.
Chats de Chicago
En 2018, el diario Reforma reveló que la FGR poseía conversaciones de mensajería instantánea que fueron interceptadas por el gobierno de Estados Unidos y que arrojaron indicios sobre una presunta relación entre elementos del Ejército y la Marina con Guerreros Unidos desde antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Una de sus conversaciones, fechada el sábado 22 de marzo de 2014, revela que Arturo Martínez, alias “Apaxtla” y enlace de Guerreros Unidos con el Ejército, le dijo a Pablo Vega Cuevas, operador del cártel en Chicago y a quien se identificó como el “Ninja guerrero único”, que se iba a hacer “un jale” con los militares del 27 Batallón de Infantería en Iguala.
AMLO y su gran pendiente
Por otra parte, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en campaña por la Presidencia de la República en 2018 se comprometió a esclarecer el caso, catalogó la desaparición de los 43 normalistas como “un crimen de Estado”.
La investigación durante su administración estuvo a cargo de Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y quien formará parte de la administración de Clara Brugada en la CDMX como titular de Planeación y Ordenamiento Territorial.
En septiembre de 2023, nueve años después de la desaparición de los jóvenes, Encinas Rodríguez afirmó que la "verdad histórica fue revestida de acciones institucionales y estrategias de comunicación que tenían como finalidad el cierre de las investigaciones para dar carpetazo al caso”, sin embargo, no aportó información diferente a la que se dio a conocer en el gobierno de Peña Nieto.
"Sobre el actuar de jueces, persisten decisiones contradictorias: 77 de 169 consignados liberados por tortura sin castigar a los torturadores. Se ordenó la destrucción de los videos de las seis cámaras del Palacio de Justicia de Iguala. Se restó validez a pruebas de cooperación internacional, como las escuchas de la DEA y hubo falta de comprensión sobre testigos de identidad reservada y rechazo a la distorsión de voz e imagen por seguridad", dijo Encinas en conferencia de prensa.
‘El Gil’ y su silencio
El pasado 6 de septiembre, la FGR detuvo por segunda ocasión a Gildardo López Astudillo, alias 'El Gil', considerado como uno de los principales responsables de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.
En el año 2015, “El Gil” fue acusado de ordenar el secuestro y asesinato de los normalistas. El 16 de septiembre de dicho año fue detenido en Guerrero bajo los delitos de secuestro y delincuencia organizada.
En 2019, “El Gil” quedó en libertad. Un año después, Gildardo López Astudillo se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía General de la República a cambio de que ofreciera información del caso.
El pasado miércoles, un día antes de que se cumpliera una década de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y a días de cerrar su gobierno, López Obrador afirmó que su gestión no avanzó en el caso porque “El Gil” no aportó nueva información.
"No ha sido posible avanzar más porque el personaje principal que mencioné, que permanece en la cárcel, no ha mostrado voluntad para seguir cooperando, aun cuando él tiene la comunicación y el contacto con otros integrantes de la organización Guerreros Unidos, policías municipales de Iguala, Cocula y autoridades locales que saben de lo ocurrido o participaron en la desaparición de los jóvenes", escribió López Obrador en una carta entregada a los padres de los 43 normalistas.