En el marco de los foros sobre la reforma judicial, Eduardo Rodríguez, expresidente de Bolivia, afirmó que las elecciones de jueces en su país han sido un fracaso.
En entrevista con Azucena Uresti para Fórmula Noticias, el exmandatario bolivariano, quien participará en los foros sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial en México, indicó que las y los ciudadanos de su país han decidido anular su voto en los comicios en los que se eligen a los jueces.
“La experiencia es muy clara, fue un fracaso. Más del 60 por ciento de los votos resultaron nulos o en blanco. La gente decidió no dar respaldo a este proceso porque no conocía a los candidatos ni parecía ser el mecanismo más adecuado para elegir a jueces”, mencionó.
Señaló que el mecanismo de la selección de jueces mediante al voto popular ha fracasado debido a que no ha respondido a los mandatos de la gente para mejorar la impartición de justicia.
Te podría interesar
“Hemos tenido una desmejora del sistema judicial. En la tercera experiencia tenemos el problema que la politización, el intento de copar esas Cortes, es tan manifiesto que llevamos más de un año de demora para llegar a preseleccionar a estos candidatos”, agregó.
¿Habrá cambios en la reforma judicial de AMLO?
Ignacio Mier, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, informó que se perfila que la reforma judicial presente cambios con respecto a lo que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso.
“El procedimiento tiene que estar modificado, que garantice los requisitos de legitimidad y lo más importante de idoneidad, que se garantice que quienes sean postulados, sea por el Poder Ejecutivo, sea por el Poder Judicial a través de la Suprema Corte, sea por la Cámara de senadores y diputados, sean los más calificados”, externó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
El pasado 1ro de agosto, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, alertó que la elección de jueces, como lo establece la reforma judicial, puede incrementar la posibilidad de que los candidatos busquen complacer a sus votantes o patrocinadores para asegurar su reelección en vez de tomar decisiones fundamentadas principalmente en principios y normas jurídicas.