Previo a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, uno de los casos que sacudió al gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue la presunta ejecución extrajudicial de al menos 12 personas en una bodega del municipio de Tlatlaya, Estado de México, derivado de un enfrentamiento donde en total fallecieron 22 personas, ¿pero qué ha pasado a una década de distancia?
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al menos 12 personas fueron abatidas tras un supuesto enfrentamiento ocurrido durante el 30 de junio de 2014. Aunque las versiones de que se trató de una ejecución extrajudicial circularon desde el 9 de julio; en aquel entonces, la Comisión recopiló pruebas de que hubo violaciones a los derechos humanos.
El 30 de junio de 2014, los diversos medios de comunicación hicieron públicos los hechos ocurridos la madrugada de ese día en la comunidad de San Pedro Limón , municipio de Tlatlaya, Estado de México, en los cuales un grupo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional privó de la vida a 22 personas, entre ellas una adolescente de 15 años, después de un enfrentamiento registrado entre un grupo de civiles y los elementos militares", afirma la CNDh en su recomendación 51/2014.
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Las primeras noticias reportaban que los civiles pertenecían a un grupo de presuntos delincuentes,
quienes se encontraban adentro de una bodega, y que en ese lugar se había rescatado a tres mujeres secuestradas. Fue hasta el 9 de julio cuando algunos medios de comunicación reportaron que podía tratarse de una privación arbitraria de la vida", detalla el organismo en su recomendación.
¿Qué ha pasado a 10 años del caso Tlatlaya?
El caso de Tlatlaya continúa sin una sentencia en contra de las personas señaladas como responsables de la ejecución extrajudicial a 10 años de distancia. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, este 2024 y gracias a una resolución del Poder Judicial, los familiares de las víctimas y sobrevivientes podrán participar en el proceso contra los elementos de tropa involucrados.
Dicho centro de derechos humanos acusa a la Fiscalía General de la República (FGR) por querer cerrar el caso hasta en tres ocasiones; además de que las autoridades de Sedena habrían destruido todos los documentos relacionados con el caso. Todo esto desde que el proceso fue reabierto en 2021.
Durante el año 2021, siete militares involucrados en el caso fueron reaprehendidos por las autoridades, tres quedaron bajo custodia en una cárcel militar de la Ciudad de México y los cuatro restantes continuaron su proceso en libertad. Esta nueva investigación fue impulsada por una de las madres de las víctimas.
Aunque en un inicio se dijo que los ejecutados eran integrantes de una organización criminal, documentos militares que fueron obtenidos por organizaciones como la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos demuestran que se dio la orden de asesinar a las personas, incluso de abatir a los supuestos delincuentes en horas de oscuridad.
Otra de las versiones apuntan a que las víctimas estaban desarmadas y se habían rendido previo a la presunta ejecución extrajudicial. Pruebas detallan que cada una de las víctimas recibió el tiro de gracia, aparte de que a los cuerpos les habrían 'sembrado' armas para hacerlos pasar por integrantes de un grupo delictivo.
Respecto a la que fue considerada como la primera gran masacre de su sexenio, Peña Nieto se limitó a decir que confiaba en las autoridades mexicanas para esclarecer los hechos ocurridos en Tlatlaya. El ejército mexicano también se mostró a favor de determinar la "verdad jurídica" sobre el caso.