La Fiscalía General de la República (FGR) exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ir en contra de la Constitución y posicionarse en contra de la prisión preventiva, lo que -según la Fiscalía- permitiría la liberación de 60 mil personas que son procesadas por diferentes ilícitos, tales como homicidios, secuestro, feminicidios, entre otros.
De acuerdo con la Fiscalía, en caso de que estas 60 mil personas continúen su proceso en libertad, se expone a la ciudadanía, "a graves riesgos, principalmente las víctimas, testigos y servidores públicos que intervienen en cada caso, ya que es frecuente que los procesados que quedan en libertad atenten contra quienes los han señalado, se evadan o vuelvan a delinquir".
la sociedad quedará expuesta a graves riesgos, principalmente las víctimas, testigos y servidores públicos que intervienen en cada caso, ya que es frecuente que los procesados que quedan en libertad atenten contra quienes los han señalado, se evadan o vuelvan a delinquir", apunta la FGR.
Tal resolución de la Fiscalía se da tras la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), que estuvo integrada por las y los Fiscales de los diferentes Estados, procuradores y el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, evento que fue realizado el pasado 21 de junio.
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La CNPJ hizo un llamado a la Corte para preservar la "soberanía nacional y la supremacía constitucional", aunado a que concluyeron lo siguiente: "es indispensable, prioritario y obligatorio cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, frente a los efectos nocivos de la liberación masiva de imputados".
¿La Corte quiere liberar a 60 mil personas?
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la Suprema Corte pretende invalidar el artículo 19 de la Constitución, con la finalidad de que los jueces no apliquen la prisión preventiva oficiosa -cuando una persona yace presa por delitos que son considerados graves y a la espera de la sentencia tras un debido proceso-, debido a una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), considera que la Corte se excede en sus facultades al atraer una posible modificación al artículo 19 de la Constitución, pues consideran que se debería tomar en cuenta al Poder Legislativo de cara a los cambios que deban efectuarse.
La propuesta de la Corte para discutir la constitucionalidad de prisión prisión preventiva oficiosa está enlistada desde el pasado 23 de enero; se prevé que sea discutida hasta el mes de agosto. El máximo tribunal del país requiere ocho de 11 votos para eliminar dicha medida cautelar.
Entre los argumentos que esgrimen órganos como la Academia Mexicana de Ciencias Penales para eliminar la prisión preventiva oficiosa se encuentra que es violatoria a los Derechos Humanos, es inaceptable en una democracia y es "idigna" para un Estado constitucional.