La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos Farjat, afirmó que Nuevo León es pilar jurídico fundamental para los cambios que México necesita. La abogada participó en la ceremonia de toma de protesta del Consejo Directivo para el periodo 2024-2026 del Capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA).
“Nuevo León es un centro jurídico de gran profesionalismo y dedicación que tiene muchos elementos para cristalizar los cambios que México necesita”, destacó Ríos Farjat durante el evento encabezado por Jorge Luis Díaz, miembro del Comité de Derecho Administrativo de la BMA, Capítulo Nuevo León.
Reconoció la labor de diversas organizaciones del foro jurídico en la defensa de la independencia judicial y subrayó la necesidad de que la judicatura y el foro colaboren en estrategias a largo plazo para propiciar el acercamiento entre la sociedad y el Poder Judicial a través de iniciativas de justicia abierta y fortalecer las capacidades institucionales del país.
“Como integrante de la judicatura federal, pero, especialmente como una ciudadana más, deseo que todos contemos con las capacidades y bagaje del gremio, como el de la Barra Mexicana de Abogados, que contemos con su acompañamiento y vocación de servicio”, dijo Margarita Ríos Farjat.
"El Estado ha superado grandes retos"
En el evento, al que asistieron el presidente nacional de la BMA Víctor Olea; la primera vicepresidenta nacional, Ana María Kudisch, y Miguel Valdés presidente saliente del capítulo local, la ministra expresó su convicción de que el Estado mexicano ha superado grandes retos gracias a las tres burocracias profesionales fundamentales: la del servicio exterior, la hacendaria y la judicial, mismas que se preparan y se actualizan constantemente en escuelas especializadas.
Por ello planteó la posibilidad de que la Escuela Federal de Formación Judicial, que prepara a los jueces y magistrados del futuro, pueda ser también el lugar donde recaiga la colegiación obligatoria de la abogacía mexicana.
Señaló que esto implicaría un ajuste de capacidades, pero que valdría la pena el esfuerzo porque esta propuesta solucionaría problemas públicos aprovechando la fortaleza institucional con la que ya cuenta una escuela de profesionalización jurídica.
“La mediocridad jurídica es parte de la desgracia que impide que muchos objetivos de política pública se alcancen; la proliferación de escuelas deficientes y frívolas atenta contra la honorabilidad de la abogacía y lastima a la sociedad, que termina malaconsejada e impunemente saqueada. Estos dos problemas requieren una solución urgente, y ahí se alza la Escuela Judicial como solución, una solución que pueden ayudar a construir las organizaciones de la abogacía en su conjunto”, destacó.