Graciela Báez Ricárdez, secretaría general de la Cámara de Diputados, indicó que el juicio político contra Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues su proceso ocupa el lugar número 73 en la lista de espera.
En entrevista con Azucena Uresti para Fórmula Noticias, la funcionaria de San Lázaro señaló que actualmente se encuentra desahogando procesos de 2021, incluso, señaló que el juicio político contra Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, el cual se solicitó en 2022; también está en la lista de espera.
“Estamos esperando que se ratifique (el juicio político contra Arturo Zaldívar), (pero) sería el proceso número 73, el número 1 es del 1ro de septiembre de 2021. Es una lista larga la que hay que desahogar, pero también se podrían desecharse. La secretaría general remite a la subcomisión de examen previo que está integrada por diputadas y diputados de todas la bancada y son los que deciden si procede o no”, explicó.
Además, señaló que aún no llega a San Lázaro la solicitud de juicio político contra ministra Norma Piña promovida por Morena, sin embargo, dijo que la presidenta de la Corte cuenta con otro procedimiento pendiente que solicitó un ciudadano, situación que comparte con Zaldívar Lelo de Larrea.
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Piden juicio contra Zaldívar
El martes pasado, senadores del PAN y PRI presentaron ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el ministro en retiro por presuntamente haber perpetrado supuestos actos de corrupción durante su gestión al frente de la Corte.
Entre los firmantes están los senadores Claudia Edith Anaya Mota, Manuel Añorve Baños, Claudia Ester Balderas Espinoza, José Alfredo Botello Montes, Gina, Andrea Cruz Blackledge, Ángel García Yañez, Kenia López Rabadán, Verónica Martínez García, Mayuli Latifa Martínez Simón, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Francisco Javier Salazar Sáenz, María Guadalupe Saldaña Cisneros, Lilly Téllez y Mario Zamora Gastélum.
El juicio político, como el que enfrentará Arturo Zaldívar, consiste en un procedimiento que comienza en la Cámara de Diputados, donde se acusa, y sigue en la de Senadores, donde se sentencia, en contra de servidores públicos que comentan actos u omisiones que afecten "los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la Constitución" y a las Leyes de que ella emanen. Las penas van desde la destitución, la inhabilitación para el ejercicio de empleos o cargos públicos desde uno y hasta 20 años.