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Caso Zaldívar: el reglamento que podría darle un giro a la historia

La filtración de documentos podría provocar que la investigación en contra de Arturo Zaldívar sea desechada por violación al reglamento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Arturo Zaldívar, exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Créditos: Cuartoscuro
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La filtración de documentos como parte de la investigación en contra del exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, por presuntos actos de corrupción, podría provocar que la indagatoria sea desechada por violación al reglamento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El pasado viernes 12 de abril se dio a conocer que el CJF y la SCJN iniciaron una investigación formal en contra de Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea? y sus allegados por posibles hechos de corrupción, extorsión, enriquecimiento ilícito y otras conductas. Sin embargo, la situación ha dado un giro.

Investigación contra Zaldívar sería desechada por violación a reglamentos del CJF

De acuerdo con el reglamento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), las investigaciones y sanciones administrativas para los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) deben ser efectuadas en la misma línea que un proceso judicial.

Esto significa que la filtración de documentos en el caso del exministro Arturo Zaldívar, podría determinar la cancelación de la indagatoria.

El CJF, encabezado por la ministra Norma Piña, emitió un comunicado el pasado miércoles en el que se percibe que la divulgación de los documentos relacionados con el acuerdo de investigación J/108/2024 es una falta grave que amerita una indagación propia, la cual, según la normativa, estaría eliminando la posibilidad de imponer responsabilidades o sanciones a los sujetos involucrados en la denuncia anónima.
 
A esto se suma que el Artículo 132 del Acuerdo General del Pleno del CJF para iniciar procesos administrativos establece lo siguiente:

"Las quejas o denuncias, incluyendo las anónimas, deberán acompañarse de elementos probatorios suficientes para determinar la existencia de la falta administrativa. En caso de no contar con estos elementos, éstas se desecharán de plano".

El texto agrega que las denuncias que se formulen deberán estar apoyadas en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y presumir la responsabilidad del servidor público denunciado.

Si bien el mismo artículo establece que "si en las denuncias se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten advertir indicios de conductas probablemente de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones", en los hechos, el CJF no ha determinado esas circunstancias.
 
El resultado de estas violaciones a los reglamentos del PJF es que la denuncia contra Arturo Záldivar y sus correspondientes investigaciones, se estarían desechando en el corto plazo.

¿De qué se acusa a Arturo Zaldívar?

De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, fue la ministra presidenta Norma Piña quien instruyó la apertura de la indagatoria tanto al CJF, así como a la Unidad General de Responsabilidades Administrativas de la SCJN.

De acuerdo con el documento en poder de Radio Fórmula, al exministro Arturo Zaldívar se le acusa -en su actuación como presidente del Consejo de la Judicatura Federal- de vulnerar la autonomía de independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del PJF a fin de "satisfacer intereses personales y de terceros".

También se indica que el expresidente de la Corte ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción.

Crédito: Archivo

Además, se refiere que usó al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), del cual era titular Netzaí Sandoval Ballesteros, para presionar a defensores y asesores jurídicos para que actuaran en procedimientos jurisdiccionales de la forma más conveniente a sus intereses.

Se añade que utilizó al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM), cuyo titular es Edgar Manuel Bonilla del Ángel, para apersonarse en asuntos relativos a concursos mercantiles de cuantías importantes.

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Ante esta situación, el pasado 16 de abril, Arturo Zaldívar dijo que la ministra presidenta Norma Piña habría vulnerado la autonomía e independencia de la SCJN y del PJF, al presuntamente intervenir en el proceso electoral.

Por ello, el exministro anunció que presentaría una demanda de juicio político contra la funcionaria judicial ante el Congreso de la Unión por cuatro razones:

  1. Coaccionar y amenazar a los magistrados de la Sala Superior del TEPJF para que no hubiera cambio de presidencia.
  2. Reunirse de manera privada con líderes partidistas para diseñar la embestida en contra de Zaldívar.
  3. Filtrar el acuerdo de inicio de la investigación violando mi derecho a presunción de inocencia y debido proceso y pretendiendo influir en campañas electorales.
  4. Admitir a trámite una queja, estando legalmente impedida.