Salomón Jara Cruz, Gobernador de Oaxaca, dijo que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elimina la prisión preventiva oficiosa sin evaluar las implicaciones de tal decisión, anulan los derechos de las víctimas y obstaculizan el derecho de todas las personas a la seguridad pública.
El mandatario estatal señaló que es inconcebible que ministras y ministros consideren violentar flagrantemente la Constitución al atribuirse facultades del Poder Legislativo.
'Estados se verán afectados por tsunami de delitos': Salomón Jara
El Gobernador de Oaxaca recordó que la prisión preventiva oficiosa fue una determinación adoptada por el Poder Legislativo para que las autoridades enfrentaran la crisis de seguridad, violencia e impunidad gestada durante los gobiernos neoliberales, y para garantizar los derechos de las víctimas.
"Las y los legisladores aprobamos esta figura como un instrumento para luchar contra la delincuencia que ofenden a la sociedad mexicana, en respuesta a la exigencia y demanda de víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos", declaró.
Alertó que, de concretarse la anulación del segundo párrafo del Artículo 19 de la Constitución Mexicana, los gobiernos de las 32 entidades federativas serían los primeros en padecer el impacto de la probable liberación de 68 mil personas que hoy se encuentran vinculadas a proceso bajo prisión preventiva oficiosa.
"Sería el equivalente a un tsunami de personas acusadas de homicidio, violación, secuestro, pederastia, abuso infantil, feminicidio, robo a transporte de cargo, huachicoleo, portación de armas y explosivos, así como narcotráfico y delincuencia organizada”, lamentó.
Violencia y guerra entre cárteles recrudecería
Salomón Jara Cruz explicó que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa dejaría su aplicación a criterio de juezas y jueces, algunos señalados y señaladas por corrupción, lo que abriría la puerta a las y los delincuentes más peligrosos del país.
"Criminales vinculados y vinculadas al narcotráfico y a la delincuencia organizada podrían quedar libres y desatar una ola de violencia para recuperar su influencia y territorios, lo que recrudecería la guerra entre cárteles y comprometería la seguridad nacional", aseguró.
Agregó la SCJN expondría la vida y seguridad de víctimas, personas que atestiguan, jueces, ministerios públicos, policías municipales, estatales y de investigación, así como elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar).
Para concluir, Salomón Jara Cruz pidió a ministras y ministros no aprobar el mayor retroceso en materia de protección de los derechos humanos desde la gran reforma de 2011, específicamente en el acceso a la justicia, la no repetición y la reparación integral de las víctimas.
"La SCJN debe dejar la política de lado para concentrarse en garantizar justicia pronta y expedita, supervisar el desempeño de personas juzgadoras y eliminar la corrupción en el Poder Judicial", finalizó.