La dirigencia nacional de Morena y el exministro de la Suprema Corte Arturo Zaldívar promoverán en la Cámara de Diputados el juicio político contra la ministra presidenta Norma Piña; además, la acusaron de usar la SCJN de manera facciosa y mantener un sesgo político en sus actuaciones.
"Todo este cúmulo de irregularidades, la intervención de Norma Piña en el proceso electoral, el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación, nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", sintetizó Zaldívar en conferencia de prensa.
"Por realizar actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas como lo es la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su organización y la determinación de su Presidencia, así como por violaciones a derechos humanos e injerencia en los procesos electorales por la dolosa filtración del auto admisorio", abundó.
Arturo Zaldívar anuncia 7 denuncias y 1 queja contra Norma Piña
El exministro Arturo Zaldívar anunció una serie de 7 denuncias y 1 queja contra la ministra Norma Piña:
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- Denuncia en la Corte por coaccionar y amenazar a los magistrados del Tribunal Electoral, por reunirse de manera privada con líderes partidistas, filtrar el acuerdo del inicio de la investigación y por admitir una queja estando legalmente impedida.
- Denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal por la filtración y demás irregularidades.
"A cualquier persona que declare falsamente en nuestra contra también presentaremos denuncias por falsedad en declaración", advirtió Zaldívar.
Zaldívar acusa a Norma Piña de atacar a AMLO y Sheinbaum desde la Suprema Corte
Zaldívar añadió que el actuar de la ministra presidenta se ha opuesto en sus discursos y votaciones al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a la campaña de la candidata presidencial morenista Claudia Sheinbaum.
"Vamos a denunciar lo que están haciendo, el uso de la Corte ya como parte del brazo de la guerra sucia de la derecha", afirmó por su parte Mario Delgado, presidente nacional de Morena.
Esto se da luego de que el viernes pasado se diera a conocer que el Consejo de la Judicatura Federal y la SCJN investigan a Arturo Zaldívar por posibles hechos de corrupción, extorsión, enriquecimiento ilícito y otras conductas.
De acuerdo con la indagatoria J/108/2024, divulgada en el medio Notitia Criminis, Zaldívar habría vulnerado la autonomía e independencia de múltiples operadores del sistema de justicia para “satisfacer intereses personales o de terceros”.
Desde el viernes pasado Zaldívar negó que haya presionado a algún ministro o magisterio para influir en su toma de decisiones, así como acusó a la presidenta de la Suprema Corte de meterse en la contienda electoral.
“Me parece muy grave que, quien tendría que cuidar el Estado de derecho, viole el principio de presunción de inocencia, la secrecía de las investigaciones, el derecho de defensa y es claramente que la intención es participar en la contienda electoral ante un escenario que están viendo problemático para ellos en el sentido que se pudieran acabar sus privilegios”, declaró Zaldívar en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Por La Mañana.
Zaldívar vs. Piña: ¿qué es el juicio político?
El juicio político es un procedimiento que realizan las Cámaras de Diputados, como órgano de acusación, y de Senadores, como órgano de sentencia, cuando los servidores públicos cometan actos u omisiones que afecten "los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la Constitución", así como a las Leyes Federales que de ella emanen.
"Es importante señalar que cualquier ciudadano podrá formular por escrito una denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las conductas antes señaladas. El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones", precisa el Sistema de Información Legislativa.
El servidor público podrá ser destituido por el juicio político, así como ser inhabilitado para el ejercicio de empleos o cargos públicos desde uno y hasta 20 años.