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PVEM busca que la contaminación intencional sea considerada y sancionada como grave

Con penas superiores a los cinco años de cárcel.

Karen Castrejón, dirigente nacional del PVEM, pidió que la contaminación intencional del agua y la naturaleza, se castigue como delito grave.Créditos: Especial
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Karen Castrejón Trujillo, líder nacional del Partido Verde Ecologista de México, lamentó el impacto significativo que actividades como la agricultura no sostenible, la industria y la minería tienen en los suelos y cuerpos de agua.

Destacó la falta de sanciones para los responsables de estos delitos, y el alto costo que tienen para los gobiernos, lo que hace imperativo fortalecer las medidas contra los delitos ambientales.

“Estas actividades ilícitas, están catalogadas por la Organización de las Naciones Unidas, en la lista de las acciones criminales más lucrativas a nivel mundial”, señaló

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, señala que el costo global de los delitos ambientales fue de entre 91 mil millones y 259 mil millones de dólares en 2016, lo que ubica a este ilícito, como el cuarto más rentable del mundo, solo detrás del tráfico de drogas, las falsificaciones y la trata de personas.

Benito Juárez, CDMX

Karen Castrejón refirió el reciente caso de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, donde sus habitantes denunciaron que el agua que salía del grifo en sus hogares tenía “un olor fuerte y un sabor raro” que, posteriormente se confirmó, provenían de la “contaminación por un compuesto de la familia de los aceites y los lubricantes”.

“Es preciso poner fin al vertido de contaminantes y residuos tóxicos en el agua y sus fuentes naturales, pues al ser un recurso cada vez más escaso es necesario fortalecer su cuidado”, señaló

Recordó que el Partido Verde propone que se consideren como graves todos los delitos contra el medio ambiente, “especialmente cuando se realizan con plena conciencia del daño ambiental que provocan”.

La dirigente nacional ecologista, Karen Castrejón Trujillo, señaló que esta propuesta, “busca imponer penas más severas (que podrían superar los cinco años de prisión), con el objetivo de disuadir acciones que dañen o destruyan el medio ambiente”.

“Nuestro objetivo es garantizar que cualquier acto de contaminación intencional sea severamente castigado conforme a la ley, además de fomentar la educación y crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales”, finalizó