El exministro Arturo Zaldívar se encuentra envuelto en polémica debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal iniciaron una investigación en su contra.
En respuesta, el expresidente del máximo tribunal de justicia reviró acusando que se trata de una cacería de brujas en tiempos electorales.
"Me parece muy grave que quien tendría que cuidar el Estado de derecho viole el principio de presunción de inocencia, la secrecía de las investigaciones, el derecho de defensa y es claramente que la intención es participar en la contienda electoral ante un escenario que están viendo problemático para ellos”, declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Por La Mañana.
Y a todo esto, ¿de qué se le acusa al exministro Arturo Zaldívar?
De acuerdo con el documento en poder de Radio Fórmula, al exministro Arturo Zaldívar se le acusa -en su actuación como presidente del Consejo de la Judicatura Federal- de vulnerar la autonomía de independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación (PJF) a fin de satisfacer intereses personales y de terceros.
Te podría interesar
Así, el escrito refiere que Zaldívar ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses. A su vez, prometió beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción.
"Quienes voluntariamente decidieron participar en las corruptelas, actuando en la forma que le fuera solicitada, obtenían grandes beneficios", de acuerdo con el documento en torno a la investigación en contra del exministro.
También se refiere que usó al Instituto Federal de Defensoría Pública, del cual era titular Netzaí Sandoval Ballesteros, para presionar a defensores y asesores jurídicos para que actuaran en procedimientos jurisdiccionales de la forma más conveniente a sus intereses
Se añade que utilizó al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, cuyo titular es Edgar Manuel Bonilla del Ángel, para apersonarse en asuntos relativos a concursos mercantiles de cuantías importantes.
En un acusación relacionada con Julio Sherer Ibarra, exconsejero del Presidente de la República, el documento indica que las conductas imputadas a este funcionario público se encuentran estrechamente vinculadas con las atribuidas a Zaldívar:
"(Confabulación) para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales, Exigía a alguna de las partes (particular o gobierno) trabajar directamente con algún despacho", según el texto.
Así, la investigación formal en contra del exministro Arturo Zaldívar suma posibles hechos de corrupción, extorsión y enriquecimiento ilícito.
La 'cuenta secreta' de Zaldívar
Para entender las acusaciones en contra del exministro Arturo Zaldívar, el periodista Jonathan Pardiñas pide tomar en consideración un trabajo develado por la también periodista Yohali Reséndiz el 25 de febrero.
La comunicadora Reséndiz hace meses halló una cuenta bancaria que el otrora presidente de la Suprema Corte no hizo pública en su declaración patrimonial. A su vez, revisó con el banco si existía la posibilidad de que alguien más hubiera abierto dicha cuenta sin que el funcionario lo supiera; sin embargo, la institución financiera lo negó.
A la par, Yohal Reséndiz refiere que tuvo acceso a conversaciones telefónicas a través de WhatsApp en donde se revelan montos que presuntamente pedía Zaldívar "para obtener esos favores", mismos que iban desde 300 mil hasta 600 mil pesos. Los documentos le fueron enviados de forma anónima.
Magistrada alista denuncia contra Zaldívar
En entrevista con Joaquín López Dóriga, Elba Sánchez Pozos, magistrada de circuito del cuarto tribunal colegiado en materia administrativa de Zapopan, Jalisco, anunció que presentará una denuncia contra Arturo Zaldívar.
De acuerdo con Sánchez Pozos, la demanda será por abuso de funciones, actuar bajo conflicto de interés, tráfico de influencias, encubriendo, obstrucción de la justicia, notoria ineptitud y descuido en el desempleo y no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función.
Aseguró que desde 2019 denunció diversos actos indebidos al interior del Consejo de la Judicatura, por lo que fue suspendida y cambiada de adscripción a Sinaloa, lo que se considera como un castigo.