Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron el pasado 10 de abril, con 19 votos a favor y 13 en contra, una iniciativa para reformar la Ley de Amparo que permitirá proteger los proyectos gubernamentales. A continuació te explicamos en qué consiste y cuál sería el impacto que tendría al ser aprobada.
La iniciativa fue presentada por el senador morenista Ricardo Monreal para modificar los artículos 129 y 148 de dicha ley para eliminar la posibilidad de que jueces y juezas brinden suspensiones con efectos generales de la legislación, esto quiere decir que buscan evitar que autoridades del Poder Judicial detengan de forma temporal las leyes para no causar daños graves e irreversibles a los derechos humanos.
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) señala que el amparo es un recurso legal que la ciudadanía, organizaciones, comunidades y víctimas utilizan para defender sus derechos humanos ante la impunidad, violencia y autoritarismo estatal. Esto quiere decir que sirve como un instrumento para defenderse contra normas o actos de gobierno que causen algún daño a sus derechos.
“Cuando las y los jueces encuentran que el posible daño reclamado por la/s persona/s que se amparan de hecho podría afectar los derechos de la colectividad, pueden otorgar suspensiones generales para detener temporalmente aquello violatorio de derechos: ya sea un megaproyecto, una ley, una norma, un decreto o cualquier otra acción de autoridad que esté siendo reclamada”, indica el MUCD.
¿Qué pasará si se aprueba la reforma a la Ley de Amparo?
En caso de que la reforma a la Ley de Amparo se apruebe en el Senado, los jueces no podrían otorgar estas suspensiones, a pesar de que afecten los derechos de la ciudadanía en colectivo, por lo que cada ciudadano y ciudadana afectada se vería obligado a acudir por su cuenta para “contravenir normas”. Lo que implica una gran especialidad jurídica y una buena cantidad de recursos económicos.
Asimismo, tendría un impacto negativo en el derecho de las personas víctimas a tener un proceso de justicia accesible y adecuado. También significaría, según la organización, una regresión de las facultades de los jueces y juezas de amparo.
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) también señaló que la propuesta no sólo es regresiva, sino que impide un debido procedimiento parlamentario y el escrutinio público.
Por lo que la organización la rechazó y destacó que la iniciativa para reformar la Ley de Amparo impactaría principalmente en los grupos de vulnerabilidad, exigió una discusión democrática, amplia y profunda que incluya a la sociedad civil, personas especializadas y a todas las partes involucradas.