El mecanismo de seguimiento a las campañas electorales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el primer informe que publicó en la materia genera un riesgo en la contienda electoral, por lo que la Sala Superior del Tribunal Electoral analizará su invalidez.
El proyecto del magistrado Felipe de la Mata señala que si bien la acción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no tienen situación jurídica particular “sus pronunciamientos generan impacto en la ciudadanía y en los sujetos mencionados”.
Lo cierto es que, cuando constituyen pronunciamientos definitivos que por sus efectos o consecuencias generan un impacto directo en la materia electoral que trasciende a la ciudadanía; a los derechos de los sujetos implicados (en su imagen, honor, reputación o legitimidad como candidata o candidato) o al derecho a la información del electorado durante campañas electorales, sí configuran actos de autoridad para efectos de la procedencia de los medios de impugnación de la competencia de este Tribunal Electoral”, afirma el proyecto.
El organismo público recientemente el 'Primer informe sobre la violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia', donde descalifica a la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez y muestra un apoyo a la morenista Claudia Sheinbaum.
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En el informe —más allá de su naturaleza formal o prima facie- se individualizan conductas y elementos de responsabilidad que por sus consecuencias inciden en las campañas, lo que genera el riesgo de afectación a los principios que rigen la materia electoral como son la certeza, objetividad, imparcialidad y neutralidad”, explica.
Aunque la Comisión argumenta que su informe a la “la necesidad de proteger y defender el Derecho del pueblo a la democracia", el proyecto responde que hace planteamientos que no le corresponden.
“Lo anterior se evidencia, toda vez que el informe no se limita a la promoción de la democracia o de los derechos humanos, o al estudio de circunstancias históricas, así como tampoco al análisis de las condiciones políticas del país, sino que se presentan señalamiento e individualizaciones de hechos ilícitos y atribución de responsabilidades que no corresponden a las competencias de la CNDH, sino a las autoridades electorales especializadas”, asevera el proyecto