La violencia político-electoral durante las elecciones de este 2024 registra un incremento y esto ha causado preocupación entre partidos políticos, funcionarios públicos, organizaciones y la sociedad civil. Un dato que permite visibilizar esto es que 12 candidatos y candidatas a cargos de elección popular, por lo menos, fueron víctimas de homicidio entre diciembre de 2023 y febrero de este año, de acuerdo con un monitoreo realizado por Radio Fórmula Digital.
La mayor cantidad de homicidios de candidatos, como se puede observar en la tabla, ocurrió en Michoacán. Ahí se han registrado tres víctimas. Las últimas fueron dos aspirantes que buscaban contender por la alcaldía de Maravatío, en ese estado. Ambos fueron asesinados el 26 de febrero pasado con una diferencia de horas entre un crimen y otro.
Hasta ahora no hay una base de datos pública de una institución gubernamental o electoral que realice un registro de los asesinatos y hechos violentos durante el proceso electoral. Sin embargo, hay algunas organizaciones, como Data Cívica y el Laboratorio Electoral, que tienen conteos a partir del monitoreo en medios de comunicación y con la información de partidos políticos que permite dimensionar la problemática.
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La violencia político-electoral es aquella que se utiliza para ganar las elecciones o el poder a través de actos violentos, alterando el proceso democrático y no ocurre solamente en los comicios, sino antes, durante y después de las elecciones, de acuerdo con el “Primer reporte de violencia electoral. Proceso 2023-2024” del Laboratorio Electoral.
Durante el periodo electoral actual, el cual empezó en junio de 2023 por la selección de candidaturas de manera anticipada y hasta el 12 de febrero de este año, se han registrado 394 eventos de violencia político-electoral, de acuerdo con la base de datos de la plataforma “Votar entre balas” de Data Cívica consultada por Radio Fórmula Digital.
Esta cifra no incluye sólo a las víctimas de homicidio, sino a aquellas que sufrieron ataques, atentados y amenazas. Además, no es exclusiva de candidatos o aspirantes, también considera a personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental, contra instalaciones de gobierno o partidos y a personas que tienen un vínculo con personas en la política.
Del total de eventos violentos, 36 ocurrieron en enero y 21 en febrero, pero sólo en 13 las víctimas eran precandidatos y precandidatas a cargos de elección popular.
Víctimas de violencia político-electoral se concentran en los municipios
Data Cívica realiza el registro de hechos relacionados con violencia político-electoral desde 2018 y hasta ahora ha registrado 1 mil 666 eventos.
La coordinadora de la plataforma, Itzel Soto, explicó en una entrevista con este medio de comunicación que enero de este año ha sido el más violento si se compara con el de otros procesos electorales locales, como el de 2018 o el de 2021. “Los eneros de 2018 y 2021 no fueron tan mortales como ahora”, señaló.
En este sentido, consideró que dado que hay más de 19 mil cargos en juego el proceso electoral de este año, más personas están en riesgo de ser víctimas de violencia político-electoral.
Aunque, de acuerdo con el registro que llevan, los candidatos y candidatas que buscan ocupar cargos a nivel municipal y los funcionarios de este rango son las víctimas principales.
Alrededor del 80 por ciento de las víctimas se enmarcan en el nivel municipal y cuando hay elecciones de estos cargos es cuando aumentan las víctimas, según Soto.
“Nosotros decimos que no hay que imaginar la violencia política en México como magnicidios, sino que lo estamos viviendo sobre todo diariamente a nivel local y es ahí donde hay que poner el foco”, apuntó.
A pesar de esto y de que otras organizaciones, como Laboratorio Electoral, han señalado que los candidatos y candidatas a nivel municipal son las que corren un riesgo mayor en cada proceso electoral, el esquema de seguridad federal presentado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y por el Gobierno para el proceso electoral de 2024 no contempla brindar protección a quienes son aspirantes de este nivel.
Únicamente considera a las candidatas y candidatos a la Presidencia de la República, a las ocho gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; así como a los candidatos al Senado y la Cámara de Diputados. Además, de que el INE recomendará replicarlo en gobiernos estatales y Organismos Públicos Locales Electorales. El Instituto precisó que en caso de recibir solicitudes locales las canalizará a las mesas de seguridad local.
Candidatos y candidatas municipales ‘en la mira’, pero ¿por qué?. Itzel Soto señaló que uno de los factores teóricos que se relaciona con que las víctimas de violencia político-electoral se concentren a nivel municipal es que ahí es donde se “teje” las redes de acuerdos ilegales entre las autoridades y el crimen organizado.
“Es ahí que son los puestos clave, es ahí donde se establecen los acuerdos de corrupción, los acuerdos de protección informal que cuando pueda haber un cambio de autoridades locales se desata la violencia porque están en pugna esos acuerdos”, destacó.
El sexenio de AMLO no es distinto a otros en cuanto a violencia política
La coordinador de la plataforma “Votar entre balas” consideró que la violencia política no ha disminuido durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y se mantiene al alza; sin embargo, no es un suceso “propio” de este sexenio, sino que viene sucediendo desde la administración de Felipe Calderón.
La violencia política aumentó al mismo tiempo que los homicidios, explicó Itzel Soto, y esto fue a partir de 2006 con el inicio de la guerra contra el narcotráfico.
“Este sexenio ha aumentado, pero esto ya venía desde antes, es lo que quiero decir y que en este sexenio pues no ha sido la excepción, no ha sido diferente a otros en cuanto a violencia política”, enfatizó.
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