En el paquete de reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados incluyó una para eliminar organismos autónomos que considera como “onerosos y elitistas” mediante la modificación de 13 artículos constitucionales. La extinción de siete dependencias significaría que la toma de decisiones clave se concentraría en el Poder Ejecutivo y que se quitarían varios contrapesos del gobierno federal.
El jefe del Ejecutivo propuso deshacerse de tres órganos autónomos: la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); de dos coordinados: la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE); así como de dos dependencias descentralizadas que son autónomas: el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.
La propuesta de López Obrador busca que las atribuciones que tienen estas instituciones sean transferidas a las dependencias que se encargaban de las mismas antes de la creación de los organismos, como la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) o la Secretaría de Economía.
En este sentido, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advierte que los organismos autónomos son instituciones técnicas con independencia de sus decisiones. Asimismo, constituyen un contrapeso de los poderes públicos y por esa razón son indispensables para que haya efectividad gubernamental, democracia, transparencia y rendición de cuentas.
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Además, el centro de investigación señala que sus funciones no se pueden transferir tan fácil a otras instituciones porque necesitan de especialización técnica y garantía de gestión independiente por el carácter regulador que varios tienen.
Reforma de AMLO para desaparecer organismos autónomos violan el T-MEC
En caso de que la reforma sea aprobada por la Cámara de Diputados y se determine desaparecer los órganos autónomos, la toma de decisiones clave estaría concentrada en el Poder Ejecutivo. Esto se debe a que tienen independencia técnica y financiera.
El IMCO también advierte que transferir funciones a organismos autónomos reguladores en materia de competencia y telecomunicaciones es una violación a las obligaciones adquiridad en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Sobre todo en caso de que se elimine la Cofece y sus funciones sean trasladadas a la Secretaría de Economía, debido a que se incumpliría el artículo 21.1.4 que establece que cada nación debe garantizar que haya una autoridad de competencia responsable de la aplicación de las leyes en la materia.
A pesar de que la Secretaría de Economía puede cumplir con esa tarea, np habría ninguna dependencia única y competente en la materia.
A esto se añade que si el IFT desaparece y sus funciones pasan a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se violaría el artículo 18 del Tratado, el cual establece que cada una de las partes debe cumplir con obligaciones del organismo regulador de telecomunicaciones
Eliminación del Inai, un retroceso para la transparencia
La eliminación del Inai sería un retroceso en los avances que hay en materia de transparencia porque implica la desintegración de la Plataforma Nacional de Transparencia y de los estándares homologados de publicación.
La iniciativa de AMLO contempla que las atribuciones del Inai sobre el derecho al acceso a la información y a la protección de datos personales, al igual que la política de transparencia, serían transferidas a la Secretaría de la Función Pública en lo que concierne a la Administración Pública Federal, al órgano de control y disciplina del Poder Judicial, a los órganos de control de los organismos constitucionales autónomos y a las contralorías del Congreso de la Unión.
Esa misma estructura se replicaría en las áreas homólogas del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo de los estados y municipios. Mientras que la eliminación del Coneval y de Mejoredu implicaría la eliminación de evaluaciones y análisis con autonomía para incidir en la toma de decisiones.
En el caso de la CRE y de la CNH, la reforma significaría una concentración de funciones especiales de regulación en una secretaría de Estado y provocaría que la imparcialidad fuera cuestionable porque hay empresas estatales que son reguladas por ambos organismos. Así que tendría consecuencias negativas en la certidumbre jurídica y en la inversión de esos sectores.