Las elecciones del próximo 2 de junio serán las más grandes en la historia de México, y al mismo tiempo se teme que sean las más violentas de las que se tenga registro. Incluso la guerra entre ‘El Mencho’ y ‘Los Chapitos’ preocupa al Instituto Nacional Electoral (INE) dado que podría desestabilizar al país.
Recientemente el Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-Mex), en el cual participan diversas organizaciones e instituciones como PoliLat, Kornad Adenauer Stiftung, el INE, el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPOS), y la Confederación USEM, presentó los resultados de la situación que prevalece en nuestro país respecto a la democracia.
Y si bien, por primera vez, luego de la pandemia del COVID-19, el promedio nacional de desarrollo democrático mejoró, dichos avances se han visto amenazados por el clima político, la creciente división de opiniones políticas y la violencia, mismos que se han tornado más agresivos ante la cercanía de los próximos comicios electorales.
En los últimos meses la seguridad de los candidatos y la integridad de las elecciones se han visto amenazadas por distintos sucesos de violencia ocurridos en diferentes estados de la República Mexicana, muchos de los cuales les han arrebatado la vida a aspirantes a algún cargo público.
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Lo anterior sumado a la guerra entre ‘El Mencho’ y ‘Los Chapitos’ ha despertado la preocupación del Instituto Nacional Electoral, por lo que en el IDD-Mex 2023 se ha advertido que la violencia amenaza la democracia del territorio mexicano.
De acuerdo con el estudio Proyecto de Sistematización de Datos sobre Hechos de Violencia y Localización de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés), retomado en el Índice de Desarrollo Democrático de México, el 79 por ciento del país presenta algún nivel de riesgo de desestabilización democrática.
Este fenómeno es provocado por tres principales causas: la presencia de grupos de la delincuencia organizada, la intervención del gobierno federal en alguno de los tres poderes y el denominado factor de anormalidad democrática.
Informes del documento ‘México: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations’ señalan que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es la organización criminal con mayor presencia en México, seguido del Cártel de Sinaloa (CDS).
En el caso del grupo fundado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, tiene presencia en 17 estados del país: Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Querétaro, Nayarit y Baja California Sur, siendo estos seis últimos los que actualmente domina.
Por su parte, el cártel fundado por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán controla los estados de Sinaloa y Durango, y tiene presencia en Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Baja California y Quintana Roo.
Ambas células criminales mantienen una intensa disputa en los estados de Sonora, Zacatecas y Baja Caja California; sin embargo, también tienen sus propias guerras en otras entidades del suelo nacional con otros grupos criminales como el Cártel de Juárez y Los Zetas.
Es importante destacar que a la presencia de estos cárteles también se suman otros más como el Cártel del Golfo, Los Escorpiones, Los Ciclones, Los Rojos, Los Metros, Las Pantera, el Cártel del Noreste, Los Viagras, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, algunos de ellos se desempeñan como células de las organizaciones más poderosas, en tanto que otros comienzan a tomar relevancia por su poderío.
La preocupación del organismo electoral por la guerra entre cárteles previo al inicio de las elecciones del próximo 2 de junio recae debido a que previo al proceso electoral de 2023 se incrementó en 174 por ciento la violencia política, según el informe ‘Votar entre balas’ del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Esto llevó al INE a exigir un freno a la inseguridad contra los actores políticos de cara a los comicios del presente año.
“En el mencionado informe del CIDE y Data Cívica se retomaron los índices de violencia política desde 2018 a la fecha. Así, en el año de las últimas elecciones federales se documentaron 166 casos de esta índole, para el proceso electoral de 2021 subió a 176, pero un año después la cifra creció hasta 483, lo que representó un incremento de 174%”, se señaló en el IDD-Mex.
Los datos del informe arrojan un total de mil 026 ataques, incluyendo asesinatos, cometidos contra personas que componen las estructuras de los partidos políticos: la mayoría (78.8%) de las víctimas eran hombres, de los cuales 36.6% se desempeñaban como funcionarios públicos y 14.6% eran candidatos al momento de las agresiones.
De esta forma de 2018 a 2022, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue quien lideró la lista de ataques con un total de 145 fallecimientos, seguido del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 106 y el Partido Acción Nacional (PAN) con 106.
Cabe señalar que el 62 por ciento de las agresiones contra funcionarios fueron calificadas como “directas”, donde se involucraron lesiones físicas realizadas con armas de fuego.
“La violencia ejercida por los grupos criminales, según el estudio, influye en la participación ciudadana en los procesos electorales. Pero también se sabe que protegen a los políticos con los que llegan a acuerdos y que en varios casos, sobre todo en México y Brasil, han utilizado la violencia para intimidar a los funcionarios electorales o, incluso, asesinado a los candidatos por representar una amenaza a sus intereses”, agregó el Índice de Desarrollo Democrático de México.
Pese a dicho escenario, el IDD-Mex destacó que en algunas entidades donde hay una fuerte presencia de cárteles, los criminales no ejercen ningún tipo de violencia contra los candidatos a algún cargo público, pues ya no lo consideran necesario “para coaccionar o garantizar que se protejan determinados intereses”.
Derivado de todo lo anterior es que el INE ha extendido su preocupación ante el riesgo de desestabilización democrática en México ante las elecciones del próximo 2 junio.