Organizaciones de la sociedad civil, académicos, juristas, líderes religiosos y empresarios de Morelos, en colaboración con la senadora Lucy Meza, divulgaron la primera edición del Manifiesto por la Paz en Morelos. Esta iniciativa propone instaurar la Ley Estatal de Cultura para la Paz con el objetivo de eliminar la violencia y la inseguridad en la región.
El manifiesto, elaborado en conjunto con diversos sectores de la sociedad y organizaciones civiles, contiene un decálogo de propuestas que serán difundidas en todo el estado de Morelos para enriquecerlas con aportaciones adicionales de la población local.
Morelos se une
Por primera vez en la historia de Morelos, empresarios, representantes de iglesias católica y cristiana, abogados, académicos, comerciantes, líderes sindicales y la sociedad civil se unieron para debatir sobre el manifiesto titulado 'Unidos por la Paz en Morelos'.
En el evento, la Senadora Lucy Meza respaldó la propuesta proveniente de la sociedad civil, que incluye la creación de la Ley Estatal de Cultura de la Paz.
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Meza subrayó que la paz en Morelos se construye con la participación activa de los morelenses, rechazando la idea de traer personas ajenas al estado para resolver problemas que desconocen. Además, destacó la importancia de llevar a cabo Foros Ciudadanos Legislativos en todo el estado para escuchar y convocar a la población local en la construcción de una paz duradera.
“Necesitamos la paz, para que Morelos se desarrolle y crezca con toda la fuerza de las familias morelenses”, señaló la oriunda de Cuautla.
Proponer soluciones para combatir la violencia
En el encuentro, el presidente de la Fundación Don Bosco, Antonio Sandoval, sugirió la creación del Consejo Estatal para la Paz y la Conciliación como un órgano autónomo encargado de investigar sobre la paz y proponer soluciones para combatir la violencia en Morelos.
El manifiesto 'Unidos por la Paz en Morelos' apoyado por Lucy Meza contempla diversas propuestas para fortalecer los cuerpos de seguridad, garantizar el Estado de Derecho, combatir la impunidad, priorizar la atención a las víctimas del delito, promover programas sociales para prevenir la violencia y contar con la participación activa de la iglesia en el proceso de pacificación.