El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, celebró la aprobación unánime de la reforma constitucional en materia indígena por parte del Congreso local, destacando que este cambio eleva a rango constitucional 22 derechos clave, como los relacionados con la autonomía, presupuesto directo, seguridad, derechos de las mujeres, educación, cultura, salud, obras públicas y lenguas originarias.
Con 34 votos a favor y cero en contra, la reforma reconoce a las comunidades indígenas como el Cuarto Orden de Gobierno, otorgándoles personalidad jurídica y patrimonio propio. Además, se constitucionaliza su derecho al autogobierno, el acceso al presupuesto directo y la seguridad comunal.
Reforma prohíbe que ley infrinja derechos de comunidades
El gobernador subrayó que esta reforma prohíbe que cualquier ley infrinja los derechos de las comunidades indígenas y que políticos y autoridades locales no podrán realizar acciones que pongan en riesgo las decisiones de estas comunidades.
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Ramírez Bedolla también resaltó que las comunidades indígenas participaron activamente en la elaboración de la reforma, asegurando que las propuestas presentadas al Congreso del Estado fueron debidamente consultadas y respaldadas por las comunidades.
Este avance legislativo se suma a otras reformas significativas, como la despenalización del aborto y la reforma al Poder Judicial, mostrando el compromiso de las y los legisladores michoacanos con los derechos humanos y el progreso de la entidad.
Derecho a la libre determinación
Entre los puntos más relevantes de la reforma, se incluye el reconocimiento del derecho a la libre determinación, la seguridad comunal gestionada por las autoridades locales, el acceso a la justicia en lenguas indígenas y la protección de los derechos de las mujeres indígenas. Además, se refuerzan los derechos sobre la tierra, los recursos naturales y la preservación de las lenguas originarias.
Finalmente, Alfredo Ramírez Bedolla dijo que la reforma establece que el Congreso tendrá un plazo de 180 días hábiles para realizar las adecuaciones normativas necesarias para dar cumplimiento a este decreto histórico.
