Alrededor de 200 mil armas estadounidenses son ingresadas a México de manera ilegal, y llegan directamente al crimen organizado y el narco en el país, de acuerdo con una investigación realizada por la periodista Sharyn Alfonsi para el programa 60 minutos de la cadena CBS News.
El reportaje afirma que esto es parte de lo que se conoce como el “río de hierro”. Según documentos internos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) y de autoridades mexicanas: 566 armas recuperadas en México durante un periodo de cuatro años y medio fueron rastreadas hasta los traficantes de armas de Arizona nombrados en la demanda de México contra armerías.
El programa de CBS News se difundió horas después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que designará a los cárteles mexicanos de la droga como "organizaciones terroristas" extranjeras cuando asuma el poder el próximo 20 de enero.
Por su parte, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, remarcó que habrá cooperación, pero nunca subordinación, ante los Estados Unidos en materia de seguridad pública.
Tienda Ammo AZ, bajo la lupa
De acuerdo con la investigación, 200 de las armas provenían de un solo comerciante: Ammo AZ, ubicado cerca de Phoenix y propiedad de Veerachart 'Danger' Murphy, quien en una publicación aseguró que si estuviera haciendo algo ilegal el ATF y el FBI ya hubieran cerrado su tienda y él estaría en la cárcel.
Además, el reportaje de Sharyn Alfonsi refiere que en Sinaloa, una de las 47 armas confiscadas en operativos realizados tras la aprehensión de Ovidio Guzmán en 2023, fue rastreada hasta la tienda donde se vendió, precisamente Ammo AZ.
El reportaje retoma la entrevista que en marzo le hicieron al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien refirió que en su mandato se confiscaron 50 mil armas de alto calibre, de las que el 75 por ciento provenían de Estados Unidos.
Asimismo, Alfonsi entrevistó al abogado Alejandro Celorio, que encabezó las demandas contra las empresas armamentistas, y quien argumentó que dichas empresas son responsables de facilitar activamente el tráfico de armas que fortalecen a los cárteles y la crisis del fentanilo.
Jonathan Lowey, coabogado de México en la demanda y presidente de Global Action on Gun Violence, señaló en entrevista que alrededor del 90 por ciento de comerciantes de armas no le vende a los grupos criminales y sólo un 10 por ciento, que podría ser identificado, sí lo hace.
Añadió que los vendedores tienen la responsabilidad de valorar si su cliente es intermediario o un prestanombres ('straw buyer') para el mercado criminal, ya que hay indicadores obvios: compra masiva de AR-15s, pagos con sumas fuertes de dinero en efectivo, compradores recurrentes, entre otros.
Demanda de México contra armerías de EU
De acuerdo a Lowey, fabricantes, vendedores y distribuidores tienen conocimiento de que sus armas son utilizadas en crímenes ya que existe el registro de todo el historial del arma, desde donde fue vendida y los involucrados en su venta.
De acuerdo con el reportaje de 60 minutos, si la demanda tiene éxito, se abriría la puerta a otras demandas extranjeras y nacionales contra la industria armamentista. Pronostica además que la capacidad de las armerías de mantener a raya la demanda no impediría que tengan que financiar una costosa y larga batalla legal.
Cabe recordar que el 4 de agosto de 2021, el gobierno de México presentó una demanda civil ante el Tribunal Distrital de Estados Unidos en Massachusetts contra contra las armerías Barrett Firearms, Beretta USA, Century International Arms, Colt’s Manufacturing, Glock y Sturm y Ruger & Co. También señaló a la fabricante de armas Smith & Wesson y la distribuidora de armas Witmer.
El pasado 7 de agosto de 2024, el juez F. Dennis Saylor IV, del Tribunal Distrital de Estados Unidos en Massachusetts, desechó la demanda de México. El caso por ahora procede contra la fabricante de armas Smith & Wesson y la distribuidora de armas Witmer, que se encuentran asentadas también en Massachusetts.
