El impacto que tendrá el recorte presupuestal en el Instituto Nacional Electoral (INE) puso en división a las consejerías pues mientras unos defienden que la prioridad es organizar la elección otros más argumentan la necesidad de no tocar el presupuesto base.
De cualquier forma en las áreas del Instituto todavía no se tiene un análisis completo sobre cómo la disminución, en términos reales de 8 mil millones de pesos, hará viable las dos operaciones más importantes del siguiente año.
Hay quienes expusieron que bajar el presupuesto base afectará áreas tan importantes como son la credencialización y trámites como la renovación así como la capacitación que año con año realiza el órgano electoral.
La discusión en la mesa de consejeros de martes no concluyó en ningún acuerdo pero sí dejó molestias entre los que se conectaron virtualmente, la mayoría no estaba de forma presencial.
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Entre las peticiones en la mesa se señaló la necesidad de solicitar de manera urgente a la Secretaría de Hacienda la ampliación de dinero.
La intención de los consejeros electorales es no tocar las prestaciones laborales o afectar a los trabajadores, rubro que abarca más del 70% del presupuesto; descartaron avalar nuevas contrataciones.
De las prioridades está, además de organizar la elección al Poder Judicial, la operación de módulos de atención, la constitución de nuevos partidos políticos y la credencial de elector.
También el INE debe conocer, a mas tardar el 15 de enero, sobre las entidades que reformaron sus constituciones locales para implementar la reforma electoral, de lo contrario, habrá temas que harán “materialmente imposible” la organización.
Lo anterior pues en caso de que existan elecciones judiciales estatales, los Organismos Públicos Electorales Locales (Oples) podrían no prestar el material
