Pese a que cerca de 50 mil personas se inscribieron para contender por un cargo en el Poder Judicial de la Federación, en la elección judicial no contempla acciones afirmativas a favor de personas y grupos en situación de discriminación, como es la comunidad de la diversidad sexual, personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad y personas migrantes.
El pasado 10 de octubre, colectivos LGBT+ iniciaron con la promoción de acciones afirmativas para la inclusión de personas históricamente vulneradas, incluidas las de la diversidad sexual, en la elección en donde se elegirán a jueces, ministros y magistrados.
Además, Salma Luévano, exdiputada trans de Morena y ahora coordinadora nacional de Economía Incluyente en la Secretaría de Economía, presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía (JCD) para que se garantizara la representación de la comunidad de la diversidad sexual en los comicios.
Pese a su lucha, el viernes pasado, el Tribunal Electoral determinó, con cuatro votos a favor, que no existe un mandato constitucional o normativo para que integrantes de la comunidad de la diversidad sexual.
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“No solo representa un desconocimiento de la propia jurisprudencia electoral, sino que se adopta una interpretación restrictiva del marco de derechos humanos. No todas las obligaciones a cargo del estado se encuentran expresamente establecidas en la Constitución o las leyes; la mayoría se derivan de las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de esos derechos”, señaló la asociación México Igualitario, Derribando las Barreras A.C. en un comunicado luego de la resolución del TEPJF.
Las activistas advirtieron que su decisión contradice la propia jurisprudencia 1/2024 de la Sala Superior en materia de medidas afirmativas, ya que señala como un deber constitucional implementar todas las medidas y acciones necesarias para consolidar la igual de derechos politicoelectorales de grupos víctimas de discriminación o en situación de desventaja.
Cabe mencionar que sólo la magistrada Janine Otálora votó en contra del proyecto realizado por el magistrado Felipe de la Mata, el cual resolvía que no hubo omisión de las autoridades.
¿Cuántas personas se inscribieron en elección judicial?
El Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, hasta el último minuto del pasado 24 de noviembre, contabilizó 18 mil 447 personas registradas para competir en la elección judicial pactadas para junio del próximo año.
En el Comité del Legislativo hubo 27 mil 146 inscripciones, de los cuales, 15 mil 242 fueron postulaciones enviadas por correo electrónico, a los cuales se analizará para determinar si cumplen con el requisito para ser considerados aspirantes registrados.
El Judicial fue el Poder que recibió menos postulantes, con un aproximado de 3 mil 805 personas. En total se inscribieron 49 mil 398 personas.
Concluido el periodo de registro, las autoridades de los tres poderes deberán revisar, con fecha límite al 14 de diciembre, la idoneidad de las y los aspirantes con la finalidad de que puedan participar en los comicios.
En la boleta aparecerán la lista de candidatos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de tal manera que la ciudadanía podrá elegir aquellas y aquellos perfiles que ocuparán un cargo en la Suprema Corte, así como en tribunales y juzgados de todo el territorio nacional, pero sin que se garantice representación de la comunidad de la diversidad sexual.
