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Elección judicial: ignorar suspensiones puede costar 1.6 mdp por cada consejero del INE

"El INE no tiene por qué estar pagando los platos rotos de  un desacuerdo que hay entre dos Poderes del estado", dijo el consejero Arturo Castillo.

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El Instituto Nacional Electoral (INE) organizará la elección de cargos judiciales en medio de una crisis constitucional. Luego de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que lo obliga a retomar los trabajos y suspensiones judiciales vigentes que buscan frenarlo se pone en riesgo asuntos patrimoniales y penales, advirtió el consejero electoral, Arturo Castillo.

En entrevista con Grupo Fórmula, el consejero electoral sostuvo que se está ante un “juego cruzado” y aunque desde hace un mes algunas consejerías acordaron acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una excitativa de justicia, apenas este martes se firmó el documento.

“La crisis constitucional en el sentido sigue, los riesgos patrimoniales, penales, y laborales para el Instituto siguen, nada más que ahora pues no podemos no organizar, hay una instrucción expresa de un Tribunal constitucional competente en la materia que ya emitió una sentencia inatacable”.

“Estamos nosotros metidos como institución en un fuego cruzado en una crisis que a nosotros no nos corresponde. No tenemos porque nosotros estar pagando los platos rotos de  un desacuerdo que hay entre dos Poderes del estado”, expresó.

Se prevé aumento de multas

Si se toma en cuenta que cada suspensión conlleva una multa de 54 mil pesos y son más de 300 los recursos de este tipo recibidos en el órgano electoral, cada consejería apercibiría multas por 1.6 millones de pesos.

En su posicionamiento, Castillo manifestó que es la Corte quien debe puntualizar el cómo se aplica la reforma de la supremacía constitucional que impiden que le Poder Judicial suspenda reformas constitucionales.

“La pregunta que tiene que que responder la Corte es: uno, si las suspensiones están dictando o no se están dictando en materia electoral y si son o no procedentes; dos, si les aplica o no les aplica la reforma, eso es lo que tiene que resolver”, indicó.

Este martes la magistrada presidente del TEPJF, Mónica Soto, argumentó que ninguna autoridad está facultada para detener elecciones, pues el día que suceda “la democracia se habrá roto en nuestro país”.