El Gobierno de Guanajuato dice no a la Reforma Judicial y promovió una controversia constitucional para impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Apenas el viernes 4 de octubre se le turnó al ministro Juan Luis González Alcántara la controversia que presentó la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, desde el pasado 27 de septiembre.
De acuerdo con el diario Reforma, las 32 entidades del país pueden promover este tipo de controversias desde el año 1995. Su objetivo es “impugnar la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones”, de otros niveles de gobierno, ya sean federales o municipales, en caso de que invadan sus atribuciones o haya una violación a tratados internacionales sobre derechos humanos.
Reforma Judicial: suspenso en controversia de Guanajuato
Por ahora el ministro González Alcántara sigue sin confirmar si admite o rechaza la controversia emitida por el Gobierno de Guanajuato.
Si acepta la demanda, el Congreso y el poder Ejecutivo federales, así como las legislaturas locales, que aprobaron la Reforma Judicial, serán llamados a juicio, donde deberán presentar informes y argumentar su defensa.
Pero si el ministro deshecha la controversia por ‘improcedente’, entonces el Gobierno de Guanajuato tiene la oportunidad de impugnar la decisión ante el Pleno de la Suprema Corte, a través de un recurso de reclamación.
Y en caso de que el Pleno de la Corte falle a favor del Gobierno de Guanajuato, la controversia sólo tendrá efectos en el estado.
Por ahora se desconoce si García solicitó una suspensión de la reforma, pero si es el caso y el ministro la aprueba, la reforma se quedará sin efectos de manera temporal en la entidad, aunque es importante precisar que la SCJN no suspende normas constitucionales.
Con la Reforma Judicial, que fue promulgada el pasado 15 de septiembre, cada entidad puede decidir si la elección de sus magistrados y jueces de los tribunales superiores de justicia se realiza en la votación federal de 2025 o hasta junio de 2027.