El ministro Juan Luis González Alcántara señaló que su proyecto, que plantea invalidar algunos puntos de la reforma judicial, será discutido con mucha calma en el Pleno de la Suprema Corte el próximo martes.
En entrevista con Joaquín López-Dóriga, para Fórmula Noticias, señaló que en caso de que sea avalado por el resto de los ministros y tanto el Ejecutivo como el Legislativo decidan no acatarlo, generaría una crisis constitucional.
Alertó que esa crisis podría afectar las inversiones y las relaciones comerciales, además de la vida de todos los ciudadanos.
“Si no nos hacen caso nosotros entenderemos que estamos en vía de un rompimiento del orden constitucional, esa es una situación muy especial, si una autoridad Ejecutiva no respeta la ley entonces el sistema de estado de Derecho queda cuestionado por esa posible decisión”, expresó.
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“Es una crisis en donde el estado de Derecho queda cuestionado y afecta la credibilidad de las resoluciones de todo el Poder Judicial y del Poder Ejecutivo también y tiene un impacto en la inversión extrajera y en nuestras relaciones con socios comerciales con los que hemos establecido una serie de tratados internacionales y convenios bilaterales y la vida de todas las personas se vería afectada".
Destacó que su proyecto es largo y fundado, por lo que se requiere tiempo para estudiarlo antes de emitir una opinión.
Con respecto a las descalificaciones de la presidenta Sheinbaum, el ministro dijo que es respetable su opinión, sin embargo, no es una experta en Derecho.
“Ella no es experta en derecho, es una persona muy respetable, es la primera presidenta de la República, quien consideramos que tiene todo su derecho a decir lo que ella piensa o le han dicho sus colaboradores que deba de decir, es como si nos ponen un problema de números y no estamos familiarizados con las matemáticas pues no entenderíamos de que nos están hablando”, apuntó.
¿Qué pasa si Corte logra invalidar la reforma judicial parcialmente? Esto dice el exministro Cossío
En entrevista con Azucena Uresti para Fórmula Noticias, el ministro José Ramón Cossío Díaz explicó que, si el proyecto de Alcántara Carrancá trasciende, se podría destituir y someter a proceso a las autoridades correspondientes que no acaten la resolución de la Corte.
Bajo ese tenor, señaló que el Congreso podría 'responder' abriendo un juicio político, en donde la Cámara de Diputados se constituiría como órgano de acusación y el Senado de la República como órgano de sentencia.