Al presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado en torno a la reforma con la que se pretende prohibir la impugnación de las reformas constitucionales, el senador y dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, afirmó que su aprobación va a traer la peor tragedia para México.
Confirmó que los senadores del PRI votarían en contra, y adelantó que “ni nos vamos a doblar, ni nos van a amedrentar ni nos vamos a echar para atrás. Y si no nos escuchan, nos vamos a hacer escuchar en esta tribuna”.
Advirtió que el día jueves podía ser el día más triste y el más peligroso para nuestro país, en el que “no sólo se rompa el régimen en nuestro país, el régimen de instituciones”, sino que incluso “se destruya el sistema judicial”.
Enfatizó que en el mundo no hay un solo lugar que renozca no sólo la legalidad, la eficiencia, de aplicar una locura de reforma al Poder Judicial, porque genera inseguridad jurídica y debilita la confianza en el Estado de Derecho.
Además, el senador y Presidente Nacional del PRI dijo a los legisladores de Morena y sus aliados que se pone en riesgo no sólo tratados y convenciones, sino también lo que México tiene que dar a conocer al mundo, no solo como un país que respeta las instituciones.
Señaló que “hay que dejarle claro siempre al Ejecutivo que el Poder Legislativo y el Poder Judicial somos un poder, no somos empleados del poder”.
Remarcó que al retirar las modificaciones al Artículo 1º y al 103 de la Constitución, Morena y sus aliados implícitamente reconocen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede resolver sobre las impugnaciones a la reforma al Poder Judicial, y por eso recibió los recursos.
Se debilitará el Estado de Derecho, dice Alito
El Presidente Alejandro Moreno consideró que con la reforma para impedir las impugnaciones, “se está diciendo implícitamente que el poder reformador puede actuar con un poder sin límites”.
En ese sentido, sostuvo que “si se elimina la posibilidad de impugnar reformas constitucionales, se va a crear un entorno en el que los derechos y las garantías constitucionales pueden ser modificados sin control alguno, lo que genera incertidumbre y debilita la confianza en el Estado de Derecho”.
Explicó que la esencia del control constitucional “es que los poderes tengan límites, que respetemos el Estado de Derecho, que generemos instituciones sólidas y fuertes”.
Por todo lo anterior, previó que “este puede ser el día más triste para la República, porque bien se ha dicho aquí: las modificaciones constitucionales que se pretenden hacer, no sólo pueden, destruyen el sistema judicial”.
Consideró que “el día de mañana y así como de manera banal, y muchas veces como si fuera un mercado, un pleito de reyerta, que es lo que vienen a hacer, y no a discutir con elementos, de manera clara y contundente, de este tema tan importante para nuestro país, se le ocurre a cualquiera venir a decir que ya no somos una República, que ya no somos un Estado federado, que ya no hay partidos políticos, que ya no se respeta la propiedad privada, por qué, porque tienen la mayoría mecánica de la mayoría calificada, y eso es un riesgo para cualquier sistema democrático”.
Por eso, expuso, “hay que saber perder, pero lo más importante: hay que saber ganar. Sepan para qué les dio el mandato el pueblo, y el pueblo no les dio el mandato para destruir este país ni para destruir a la República. No hay que pensar en las próximas elecciones. Hay que pensar en las próximas generaciones, que no pueden legislar ustedes a su antojo”.
Advirtió que se “viola el principio de control constitucional, viola el principio de no retroactividad y protección de los derechos humanos, viola la supremacía constitucional, que es el respeto a la Constitución”, eliminando la posibilidad de presentar inconformidades contra reformas que no sean legales, que incurran en inconsistencias y que sean fraudulentas.
El senador priista añadió que, también, “genera un gran clima de inseguridad y de falta de confianza al Estado de derecho”, además de que “debilita la institución en nuestro país”. Enfatizó que, al prohibir estos medios de control, “se limitaría la capacidad de los ciudadanos y de los poderes públicos para poder cuestionar actos que podrían atentar contra la propia Constitución”.