Javier Corral, senador de Morena, afirmó que los cambios a la iniciativa con la que se busca establecer improcedentes controversias, acciones de inconstitucionalidad y amparos derivaron por la preocupación que generó su impacto en materia de derechos humanos.
En entrevista con Enrique Acevedo para En Tiempo Real, el legislador explicó que los artículos 105 y 107 constitucionales son los únicos que se buscan modificar y ya no el 1ro y el 103.
“Se han hecho eliminaciones que generaron preocupación en colectivos defensores de los derechos humanos que advirtieron la regresión que podría representar está iniciativa. Hoy el dictamen sólo aborda dos modificaciones: al 105 y al 107 de la Constitución”, señaló.
El senador aplaudió que el partido guinda haya dado “espacio para escucha” a la sociedad civil ante un escenario en donde se pretende eliminar la reforma judicial mediante a la Ley de Amparo, como es el caso de la jueza Nancy Juárez.
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“No debe de haber generalizaciones, resultan indebidas, no se trata decir que todo el Poder Judicial es corrupto, tan es así que la reforma constitucional le brinda a los actuales jueces un pase automático para poder participar al escrutinio electoral del próximo junio de 2025”, externó.
Así buscan 'blindar' la reforma judicial
Durante las primeras horas de este miércoles, en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Por La Mañana, Adán Augusto López, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara Alta anunció los cambios a la iniciativa, la cual, precisó, sólo busca ‘blindar’ la reforma al Poder Judicial.
“Hemos visto que, pese a la Ley de Amparo menciona que no es procedente contra reformas constitucionales, pues hay jueces que han intentado, como decimos, chicanear que pueda aterrizar la reforma judicial, entonces lo que se trata es que haya un reconocimiento a lo que laCorte ha sostenido de que no se puede revisar la constitucionalidad de las normas consagradas”, detalló.
En caso de que la iniciativa trascienda, las modificaciones al artículo 105 establecerían lo siguiente: “Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral”.