Vanessa Romero, abogada de la Escuela Libre de Derecho, señaló que la jueza Nancy Juárez no tiene facultades para ordenar bajar del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la reforma judicial.
Asimismo, calificó como "absurdos" los señalamientos de que el estado de Derecho no ha terminado en el país.
En entrevista con Manuel Feregrino en Por la Mañana de Radio Fórmula, dijo que los juzgadores son quienes han incumplido la ley y el estado de Derecho al otorgar amparos sin facultades.
“Esta discusión nos puede llevar a asaltos lógicos tremendamente absurdos en donde parece que el estado de Derecho ha terminado en este país, me parece que estamos muy lejos de ese escenario”, dijo.
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“Yo considero que si hay un incumplimiento del estado de Derecho, hay un incumplimiento de la ley, pero no por parte del director del DOF ni de Claudia Sheinbaum, sino por parte de juzgadores que han estado otorgando amparos a mansalva sin contar con las facultades para hacerlo”.
Asimismo, señaló que la jueza Nancy Juárez sólo está haciendo política debido a que por su expediente podría no ser electa popularmente.
“Ellos saben que el final de su carrera está cerca y están jugando sus cartas, me queda claro que lo que está haciendo la jueza Nancy Juárez es política porque los señalamientos que se hicieron sabemos que no tiene el mejor expediente en materia disciplinaria, difícilmente será electa en términos populares y entonces está haciendo política y vendiéndose al mejor postor”, sostuvo.
Puntualizó que en ningún momento se ha detallado y comprobado el argumento de que la reforma viola los derechos humanos, pues más bien sólo se emiten pronósticos y escenarios hipotéticos.
'No hay elementos jurídicos contra la reforma judicial', dice abogada
Ante esto, la también analista política consideró que no hay elementos jurisdiccionales contra la reforma judicial y consideró que tampoco sería viable recurrir a instancias internacionales.
“Hoy no hay elementos jurídicos de defensa en contra de la reforma judicial, la reforma es texto constitucional y no tenemos en nuestro ordenamiento jurídico un arma de defensa, podrían intentar ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo cierto es que ya sabemos que ha avalado procesos de elección judicial como los de Bolivia entonces tampoco le veo mucho futuro por allá”, argumentó.