La Fiscalía General de la República (FGR) acusó ilegalidades del Tribunal Federal, luego de que desechara sus pruebas en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.
A través de un comunicado, la FGR señaló que dichas acciones han hecho evidente “su parcialidad e ilegalidad a favor” del exfuncionario, y a su vez se ha pronunciado en contra de las víctimas que son el Estado mexicano y la empresa estatal.
De acuerdo con la Fiscalía, los juzgadores desecharon pruebas obtenidas con base en dos tratados internacionales, que cuentan con nivel constitucional artículo 133.
Este tipo de tratados se aplican constantemente en acciones de colaboración con otros países por parte de entidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las que incluso, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto como legales.
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“Hace unos cuantos días y de forma ilegal, evidentemente ilegal, violentando el Código Penal Federal, uno de esos mismos Jueces, de esa competencia le otorgó beneficios a Emilio “L”, que artículos expresos de la legislación, le niegan”, expresó.
Por lo anterior, aseguraron que “cada vez es más evidente la conducta indebida” de los juzgadores que termina beneficiando a Emilio Lozoya.
¿Qué determinó el Tribunal Federal?
Fue el día de ayer cuando se reveló que un Tribunal Federal desechó las pruebas clave que la Fiscalía General de la República tenía en su poder para comprobar los sobornos que Lozoya recibió por parte de la empresa Odebrecht cuando era director de Pemex.
Según lo explicado por el periodista especializado, Arturo Rangel, las pruebas se tratan de “todos los comprobantes bancarios de las transferencias desde empresas ligadas a Odebrecht hasta las de Lozoya en Suiza", por lo que al desecharlas dejaron a la FGR “desarmada para el juicio oral” contra el exfuncionario.
Lo anterior quiere decir que la dependencia de seguridad no tendría más pruebas en contra de Emilio Lozoya ya que “las declaraciones de que esos sobornos se dieron se presentaron, pero no la prueba dura que lo sustenta”.
Además, la situación se complicaría ya que la Fiscalía ya no puede tener un criterio de oportunidad, pues esa fase ya pasó.
Por todo ello, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex promoverán un amparo para tratar de rescatar estas pruebas que fueron desechadas por el Tribunal Federal.