Durante el Quinto Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que emitirá una iniciativa de reforma constitucional contra el Poder Judicial, pues es un órgano que se caracteriza por la "corrupción, derroche de recursos y convivencias inconfesables".
"Voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflicto de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos", dijo el mandatario desde Campeche.
Sin embargo, esto no es novedad, ya que en diferentes conferencias 'mañaneras' había calificado a las y los ministros como corruptos y aseguró que el Poder Judicial, el cual está bajo el mandato de la ministra presidenta Norma Piña, es 'deshonesto'.
Por tanto, refirió que es 'indispensable y urgente' que los jueces, magistrados y ministros sean electos directamente por el pueblo y no sean designados por la élite del poder económico y político de México.
"Así como se elige a los presidentes municipales, a las gobernadoras, así como se elige a los diputados, senadores, al presidente de la República, así hay que elegir a los jueces y ministros", dijo.
AMLO también destacó que los impartidores de justicia deben servir al pueblo, a sus causas y a sus mandatos. "No como ocurre ahora: operar bajo la consigna de beneficio de grupos o de facciones políticas económicas y hasta bajo consigna de intereses delictivos", dijo.
El nepotismo en el Poder Judicial
En el Poder Judicial se han documentado diversas anomalías desde el pasado. El propio expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar, reconoció públicamente en 2020 que el nepotismo “es un problema generalizado en el Poder Judicial”.
En 2018, la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) elaboró un informe en el que advirtió que el nepotismo representa una “amenaza al profesionalismo y la independencia del Poder Judicial”.
En la investigación se halló que el 51 por ciento de los jueces y magistrados estaban relacionados con al menos otra persona que trabaja en el Poder Judicial, de acuerdo con información de la agencia AP.
Además, en el informe se mostró que el 71 por ciento de las y los mexicanos creen que la corrupción es frecuente o muy frecuente entre los jueces y magistrados.
“De 50 tipos de puestos que hay en el sistema judicial, sólo dos requieren un proceso de selección riguroso y competitivo. Gran parte de las otras contrataciones son a discreción en gran medida, lo que posiblemente explica la frecuencia con la que parientes de los jueces son contratados para puestos administrativos. Recomendó prácticas de contratación más competitivas y transparentes”, cita AP sobre una entrevista con Julio Ríos Figueroa, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, quien escribió el informe.
También el Poder Judicial ha sido 'salpicado' por otras irregularidades como nexos de ciertos integrantes con criminales. Es el caso, por ejemplo, del magistrado Isidro Avelar que fue destituido por la Suprema Corte por sus vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con información del diario El País, apenas a inicios de agosto del 2023 la Corte dio a conocer que confirmó la destitución definitiva del exfuncionario que tenía más de 20 años de carrera judicial.
Ministra Piña 'salta' por el Poder Judicial
El presidente López Obrador ha arremetido constantemente contra el Poder Judicial, más desde que la ministra Norma Piña es la presidenta de los impartidores de justicia.
Recientemente, durante un encuentro de jueces, magistrados y ministros, en Mérida Yucatán, Piña Hernández hizo un llamado a sus colegas para “defender la labor judicial”.
“El Poder Judicial de la Federación somos todos y ninguno en particular porque en un Poder del Estado no tiene nombre ni apellido, ya que las instituciones trascienden a nuestros cargos actuales y las personas que hoy lo conformamos”, aseveró.
En medio de los amagos que ha hecho AMLO sobre la reforma constitucional, la ministra presidenta defendió la integridad del trabajo, así como las decisiones de magistrados y jueces, siempre apegados a la ley.
“Es parte de la naturaleza humana, pero la solidez de esa voz, plasmada en cada una de nuestras resoluciones, sólo depende de las razones y los argumentos expresados en ella, los que deben ser siempre acordes con nuestra Constitución, con las leyes y con los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito a favor de los derechos humanos de las personas”, expresó Piña Hernández. _Con información de AP.