El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla impulsó una reforma al Código Penal que tiene como objetivo combatir la impunidad en los casos de extorsión.
El mandatario estatal explicó que esta medida ha resultado en un incremento significativo en las denuncias de este delito, registrando un aumento del 222% en el período de enero a junio del presente año en comparación con el mismo período de 2022.
Denuncias aumentan en un año
Según datos oficiales, en números concretos, el número de denuncias pasó de 32 en el primer semestre de 2022 a 103 en el mismo período de 2023, lo que equivale a 71 denuncias adicionales. En cuanto a las carpetas de investigación, hubo un aumento del 328%, con 30 carpetas de investigación en el presente período en contraste con las siete contabilizadas en 2022.
Lo anterior no es todo, además, se informa que desde la entrada en vigor de la reforma en marzo, se han judicializado 10 carpetas y se han vinculado a proceso a 19 personas, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
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Uruapan detiene delitos de extorsión
Ramírez Bedolla destacó que en el municipio de Uruapan se logró detener a tiempo intentos de extorsión en el comercio de la tortilla y el transporte público gracias a las denuncias presentadas por el gobierno estatal, y que las investigaciones revelaron que las extorsiones provenían de otros estados, indicando que este delito no conoce fronteras. En relación con los productores de limones, se mencionó que también se presentaron denuncias.
El gobernador resaltó que están enfrentando la impunidad que ha prevalecido durante años. La modificación del código penal busca precisamente que los afectados denuncien, y en caso contrario, el gobierno se encargará de hacerlo para garantizar resultados.
Código penal da resultados
Ramírez Bedolla explicó que los resultados positivos son consecuencia directa de la reciente reforma al Código Penal local. Esta reforma incluye la extorsión en el capítulo relacionado con la seguridad de las personas en lugar de únicamente dentro de los delitos patrimoniales, lo que permite la presentación de denuncias de manera anónima.
Se destaca que el nuevo tipo penal establece una "acción pública", lo que significa que cuando la autoridad tenga conocimiento de un posible delito, se dará inicio a la investigación de manera automática, especialmente cuando se detecten afectaciones a actividades económicas o productivas.
En cuanto a las modificaciones a la ley, Alfredo Ramírez Bedolla dijo que se destaca la equiparación de la extorsión al delito de secuestro y un aumento en la pena de 15 a 25 años de prisión, además, la reforma considera las extorsiones realizadas a través de medios electrónicos o nuevas tecnologías y establece la obligación de los servidores públicos de denunciar de forma inmediata.