El general en retiro del Ejército Rafael Hernández Nieto acusado de delincuencia organizada por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa obtuvo un cambio de medida cautelar el pasado 22 de agosto y podrá continuar con el proceso penal en libertad, ya que le concedieron prisión domiciliaria. Sus abogados César Omar González y Alejandro Robledo también buscarán que los otros 11 militares detenidos por este caso obtengan el mismo beneficio.
"Hay un recurso de revisión pendiente en el Tribunal Colegiado que estamos promoviendo por 8 de ellos, están divididos en bloques porque fueron detenidos en diferentes momentos. Eso hace que procesalmente tengan distinta suerte, al final la defensa lo que pretende es que todos enfrenten el proceso en libertad", detalló Alejandro Robledo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
El abogado César Omar González destacó que los 11 militares han cooperado con las autoridades que investigan el caso y se han presentado de forma voluntaria.
"No han intentado darse a la fuga. Nos parece que la respuesta de la juez al modificar la media cautelar es congruente con el actuar del personal militar que siempre se ha mostrado dispuesto", destacó el litigante.
Sobre las acusaciones de delincuencia organizada que enfrenta el personal militar por el caso Ayotzinapa, Robledo señaló que el desahogo de pruebas no ha empezado, pero realizaron en distintas instancias diferentes apelaciones para atacar el asunto de fondo, resaltar la inocencia de sus defendidos y la falta de pruebas.
"El testigo protegido es el único que sostiene la falsa acusación, es basicamente lo que estamos atacando. Ha sido un proceso largo, estamos convencidos de que son inocentes y vamos a obtener libertad absoluta", mencionó.
Los abogados detallaron que saben que el caso tiene una carga política importante, pero sus defendidos, entre ellos el general Hernández Nieto, están tranquilos porque saben que la investigación es "deficiente" por parte de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Caso Ayotzinapa, igual que la del expediente del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas. "Estan dentro de todo tranquilos, se tendrá que hacer justicia", sostuvo Alejandro Robledo.
¿Por qué liberaron al general involucrado en el caso Ayotzinapa?
Alejandro Robledo explicó que el general Rafael Hernández obtuvo el beenficio de prisión domiciliaria por un cambio de medida cautelar; pues los abogados promovieron un juicio de amparo y así se ordenó una audiencia de revisión de medidas cautelares.
"La Fiscalía no pudo probar el riesgo de fuga, el riesgo para los testigos y víctimas, y ordena que siga en libertad proceso", añadió.
Por su parte, César González resaltó que hay resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son aplicables al sistema normativo mexicano, entre ellas está que es obligación del juzgador dictar medidas para proteger a las víctimas y a los testigos, y que no se obstruya el proceso.
"En este caso salida de general no influye en nada de esto, el Ministerio Público no aportó datos suficientes ni objetivos para garantizar algún riesgo y podrá enfrentar proceso en libertad, era lo justo, lo que por ley corresponde", apuntó.
Rafael Hernández Nieto se trasladó a Puebla tras su salida de la prisión de Campo Militar 1, donde se encuentra su familia y deberá permanecer. También deberá pagar una fianza de 50 mil pesos y acudir a firmar cada 15 días.
ONG que acompañan caso Ayotzinapa acusan que liberación fue "inusual"
Mediante un comunicado, organizaciones que acompañan el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa señalaron que la liberación del general Rafael Hernández fue un "inusual beneficio" para enfrentar el proceso en prisión domiciliaria y acusaron que no es la primera vez que recibe un trato preferencial.
"En agosto de 2022 fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió de forma ilegal. Luego de casi un año de denunciar esa grav irregularidad, que en su momento motivó la salida de quien fuera fiscal del caso, las familias de los normalistas con el acompañamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) evidenciaron que esta decisión había sido ilegal y la orden se ejecutó finalmente", señalaron.
En el documento recordaron que el general Rafael Hernández era comandante del 41 Batallón de Infantería cuando los 43 jóvenes desaparecieron y fue mencionado en los mensajes de texto intercambiados por narcotraficantes del grupo involucrado en la desaparición de los normalistas.
"Esta inédita decisión es otro fuerte golpe de impunidad que acredita, como lo hizo la negativa castrense a entregar los documentos requeridos por el GIEl, que el Ejército Mexicano se ha convertido en este sexenio en un poder sin contrapesos que obstaculiza impunemente el esclarecimiento de los casos de violaciones de derechos humanos en los que esta misma administración prometió verdad y justicia", concluyeron las organizaciones.
El próximo 26 de septiembre se cumplen 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y aún no han sido localizados.