La Secretaría de Educación Pública (SEP) le ‘echó el ojo’ al Fondo de Cultura Económica (FCE), pues presentó un anteproyecto de decreto para modificar el objeto y razón de la editorial, de acuerdo con el diario Reforma.
Fue el pasado 14 de junio cuando se dio a conocer la propuesta de la SEP, la cual se puede consultar en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).
“Fuera del marco jurídico, lo anterior ya tenía causa, por la oficialización, largamente postergada en el sexenio, está ya en la antesala”, refiere el diario.
Es importante mencionar que un órgano asistencial del gobierno no tiene personalidad jurídica, patrimonio y no pueden adoptar una estructura legal propia, pues será el gobierno quien estipule los lineamientos de función.
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¿Qué quiere modificar la SEP del FCE?
La propuesta pretende reformar el Artículo 2 del decreto vigente- que fue publicado en 1994- en el que se estipula que el Fondo de Cultura Económica es un organismo descentralizado.
“El Fondo de Cultura Económica tiene por objeto la promoción, fomento, edición, publicación, exhibición y comercialización de obras escritas o registradas en toda clase de medios tradicionales o electrónicos, con la finalidad de difundirlas y facilitar su acceso a todos los sectores de la población”, se lee en el documento.
A esto se le sumaría la función del eje rector de la promoción del libro en el país.
Además, entre otros cambios que propone el anteproyecto es que el FCE pueda regalar libros con facilidad.
“Frases como ‘de carácter venal o no venal’, ‘de forma onerosa o gratuita’, o la función específica de que pueda recibir y otorgar donaciones de material bibliográfico destacan en el documento”, detalla Reforma.
Cambios en el FCE no son bien vistos
Reforma cuestionó a tres editores con historia en el Fondo de Cultura Económica: Tomás Granados, Daniel Goldín y Joaquín Díez-Canedo Flores.
Estos especialistas coinciden que ‘se trata de un cambio de vocación que no corresponde a la tradición’ de la editorial.
Tomás Granados advierte que la modificación queda por debajo d lo que podía esperarse, ya que Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, lleva años anunciando una fusión jurídica pero ‘con una eterna demora’ entre la FCE, la red de Librerías Educal y la extinta Dirección General de Publicaciones (DGP) de la Secretaría de Cultura.
“Aunque el FCE y Educal ya trabajan coordinadamente de facto, acarreando críticas de que Taibo II extralimita sus funciones, la propuesta de redacción del Artículo 2 no prevé una nueva forma de operación entre ambas dependencias”, indica el diario.
Granados también critica que tras la desaparición de la DGP, ninguna de sus funciones sobre políticas del libro hayan sido explícitamente traspasadas en el anteproyecto de decreto.
"Ahora, que se abría la posibilidad de modificar el estatuto del Fondo, deberían haberse incluido. Para mí, este doble movimiento, la derogación casi subrepticia (de la DGP) y la no inclusión en este proyecto es la sentencia de muerte de la política pública sobre el libro en el país", dijo el experto.
Además, refiere que el ‘cambio sustancial’ en el sello editorial es ‘bueno como política estatal’, pero su cuestionamiento es si el Fondo de Cultura Económica es quien deba hacerse cargo de ello.
“Me parece que esa función car más en la SEP, pero en los mecanismos de educación, de formación de lectores por la vía educativa y por la no educativa”, destaca.
Por su parte, Díez-Canedo Flores –quien fuera director del FCE entre 2009 y 2021- asevera que la promoción de la lectura podría descobijar tareas importantes de la editorial, ‘como poner en circulación libros de humanidades, ciencias sociales, divulgación científica y literatura para lectores universitarios y especializados’.
"Me parece que ésa fue la primera esencia del Fondo y creo que eso no se debe perder", ahondó.
Daniel Goldín – director de la Biblioteca Vasconcelos de 2013 a 2019- tampoco ve ‘con buenos ojos’ esta política y cuestiona el lenguaje confuso e impreciso del decreto al hablar de lo ‘oneroso’.
"La acepción común de la palabra 'oneroso' es 'costoso'. Por tanto, su antónimo no es 'gratuito'. Sería más claro que dijeran que el FCE puede vender o regalar libros y que ese trabajo debería resultar lo menos oneroso posible para el Estado, aunque sean libros caros. Y determinar con claridad cómo se puede medir el beneficio", detalla.
Por tanto, explica, estos cambios podrían evadir la rendición de cuentas ante el Órgano Interno de Control del FCE, por lo que sería necesaria una ficalización de las políticas actuales de la administración en turno ‘antes de proceder’.
Goldin ve también carencias en la política propuesta para acercar la lectura al público.
"Si se trataba de ampliar las posibilidades de acceso a la población carenciada, se debe robustecer otros cauces. Me gustaría saber, por ejemplo, cómo eso ha contribuido a incrementar los acervos de las bibliotecas", cuestionó._Con información de Reforma.