Luego de que se diera a conocer el supuesto proyecto del magistrado Alberto Pérez Dayán contra el llamado plan B de Andrés Manuel López Obrador, Presidencia acusó de ilegal la filtración a medios de comunicación del documento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
"La filtración de información reservada es una práctica ilegal que afecta el principio de imparcialidad de los funcionarios que imparten justicia en nuestro país; el artículo 206, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prohíbe, entre otras conductas, usar, sustraer o divulgar, total o parcialmente, la información que se encuentre bajo la custodia de los servidores públicos", indicó la dependencia en un comunicado.
Y es que de acuerdo con la noticia se propone la invalidación de la reforma a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, las cuales fueron aprobadas por los diputados y los senadores en diciembre del 2022.
Presidencia también señala que el Código Penal Federal, en su artículo 225, establece que el servidor público que dé a conocer documentos u otra información que se encuentre en un proceso judicial, y que se encuentre reservada, comete un delito en contra de la administración de justicia.
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AMLO acusa a Suprema Corte de falta de ética por filtración de proyecto contra Plan B
En el comunicado de la dependencia encabezada por Andrés Manuel López Obrador también se acusa a la Suprema Corte de falta de ética, pues el proyecto contra el Plan B de AMLO todavía no está en trámite ni en la lista oficial de asuntos por resolver en el pleno.
Esto, según presidencia, viola de manera flagrante el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, donde se le prohíbe a los ministros y a los demás funcionarios divulgar "cualquier opinión que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento, como lo establece la fracción IX del artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación".
"La SCJN no difundió de forma institucional el proyecto de sentencia, sino que lo entregó clandestinamente a un medio de comunicación, lo cual contamina el proceso deliberativo de los integrantes del pleno, pues los demás ministros no conocían el proyecto que se divulgó ante la opinión pública, lo cual trasciende de manera negativa al principio de imparcialidad previsto en el artículo 17 constitucional", puntualiza la dependencia.
El plan B de AMLO ha sido polémico desde un inicio y ha causado dos movilizaciones en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE); las cuales a su vez han tenido su respuesta en otro par de protestas encabezadas por el presidente.
El famoso plan propone reformar las leyes secundarias en material electoral, donde entre los puntos más llamativos se encuentran el que desaparece las 300 juntas ejecutivas distritales, que se encargan del proceso de las elecciones, así como elimina las sedes de los módulos del INE, la Junra General Ejecutiva y otras medidas.