A la frontera norte de México llegan cada vez más migrantes con la esperanza de cruzar a Estados Unidos. El mandato del Título 42 que permitía expulsarlos de inmediato por el COVID-19 terminará tras la declaración del fin de la pandemia, el 11 de mayo de 2023.
Los albergues, ya saturados de por sí, trabajan a marcha forzada, algunos incluso han tenido que abrir estancias provisionales ante la marea de personas que llegan o son retornados por el agonizante “Título 42”, una de las políticas sanitarias más controversiales del expresidente Donald Trump.
“Estamos recibiendo una mayor presencia de personas llegadas del sur”, explicó Claudia Portena, directora del Desayunador Salesiano Padre Chava, ubicado en Tijuana, Baja California, cerca, muy cerca del muro fronterizo. “Un plato de comida no se le puede negar a nadie”.
No todos los migrantes llegan a los albergues, “dicen que es más fácil pasar por Juárez”, aunque nadie lo sabe a ciencia cierta. Algunos pagan para cruzar el Río Bravo, pero otros se asoman por el muro fronterizo para “tantear” si los oficiales estadounidenses los detendrán al pasar de un país a otro.
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Entre marzo de 2020 y febrero de 2023, hubo más de 2.7 millones de eventos de expulsión de personas por diferentes fronteras de Estados Unidos, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP). Aunque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) reportó que hubo 2.5 millones de expulsiones por la frontera sureste (a México) gracias al “Título 42” en los últimos cuatro años.
Pese a que este mandato ha sido polémico, lo cierto es que se trata de una medida estipulada en la Ley de Servicio Público de Salud de Estados Unidos desde 1944, cuya aplicación permitió deportar inmediatamente a los migrantes que llegaban de México o Canadá para mitigar la propagación del SARS-CoV-2. Aunque el "Título 42" termine, las sanciones del Título 8, otra política de migración, seguirán vigentes.
La marcha forzada de los albergues migrantes
Tanto extranjeros como desplazados por la violencia en México buscan refugio a la espera del cese de la política migratoria, ellos, más quienes son expulsados del país vecino, abarrotan albergues que apenas logran dar abasto a la demanda.
El desayunador, que es solo para hombres, tiene una capacidad de 90 personas en cama y hasta 100 extendiendo su servicio, pero a la semana llegan alrededor de 500 migrantes a sus puertas. La misma saturación la presenta su espacio alterno para mujeres e infancias donde caben 140 personas.
“La semana pasada recibimos unos 130 (migrantes), más los 50 que ya teníamos nosotros albergados, hizo que tuviéramos gente durmiendo en colchonetas o en catres”, contó la directora, quien desde 2018 no cuenta con apoyo del gobierno para subsidiarse y tiene más de un año con el albergue saturado.
Esa cifra representa sólo las personas en contexto de movilidad que asilan en la Casa Padre Chava, donde además dan de comer a casi mil personas diarias que solicitan su apoyo.
“Nosotros diariamente damos de comer a más de 800, 900 o 1 mil personas que se acercan. Son personas discapacitadas, adultas mayores, algunas no tienen hogar o son familias pobres en contextos de movilidad”, explicó la directora.
El albergue se mantiene de donaciones y el voluntariado de médicos que atienden sarpullidos o heridas mal curadas de miles de migrantes que llegan mal comidos, mal bebidos y en condiciones sanitarias deficientes.
Una situación similar se vive en la Casa Liberal de San Juan Diego y San Francisco de Asís y en el albergue Nuestra Señora de San Juan en Matamoros, donde la capacidad es de 400 y 200 personas respectivamente.
“Ya tenemos algunos meses trabajando a sobremanera, realmente los espacios de atención para migrantes se encuentran llenos”, explicó el director de la Casa José Luis Elías Rodríguez a Grupo Fórmula. “Con el cierre de ‘Título 42’ suponemos que los flujos van a aumentar y nosotros como albergue y como casa seguimos trabajando con los medios que tenemos”.
Este incremento de personas también implica una inversión que permita solventar servicios como la atención psicológica, legal, trabajo social, servicios médicos, alimentación, hospedajes, servicio de Internet, ropa, medicina y atención o conexión con algunas instancias u organizaciones.
Hasta ahora, la Diócesis de Matamoros es quien subsidia ambas estancias e incluso brindó a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) un espacio para albergar de manera provisional a otras 200 personas. Sin embargo, ante la saturación el que el gobierno se involucre resulta fundamental.
Por un lado, Elías Rodríguez explicó que la coordinación ha sido fundamental: “Hemos estado en comunicación, monitoreando los fenómenos, viendo también algunas pautas para que el tránsito de migrantes o su estadía en diversos puntos de la ciudad sea una manera estable, respetando los debidos procesos. Esperemos estar en comunicación con las autoridades”.
Claudia Portena, por su parte, señala que el gobierno debe asumir su responsabilidad en el tema, pues aunque hay coordinación para la reubicación de migrantes, “el gobierno es el responsable y también tienen mucho más medios que nosotros para poderlo hacer y tienen los recursos que muchas veces nosotros no tenemos”.
Aunque Estados Unidos ha colocado cuerpos de seguridad en la frontera sur y promulgó recientemente una ley que considera los ingresos irregulares al país como no aptos para solicitar asilo. Estas medidas no minimizan el pronóstico de que miles de migrantes se arriesgarán a cruzar con tal de escapar de contextos precarios en cuanto baje la guardia del “Título 42”.