El Instituto Nacional Electoral (INE) aportó nuevas pistas sobre la llamada Operación Sáfiro, un esquema que utilizó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), para desviar hasta 250 millones de pesos del erario y destinarlo al presunto financiamiento de campañas; incluso, llegaron a utilizar a sus propios militantes para mover estas cantidades de dinero.
Jesús Huerta Morales, militante del PRI, recibió cinco millones de pesos por parte de la empresa Publicidad Icon S.A. de C.V.; mientras que a Rosa Rosa Garza López también le fueron girados cheques por cinco millones de pesos y por parte de Constructora Invelco S.A. de C.V. No obstante, los cheques recibidos fueron endosados -los títulos fueron transmitidos a otras personas- y dados a un par de policías del Estado de México: Maximiliano Montoya Benítez y Ernesto Fernández Mora.
La investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE refiere que ambos policías cobraron el equivalente a 40.8 millones de pesos, gracias a que los cheques fueron girados desde empresas fantasmas creadas para la Operación Sáfiro o endosados a terceras personas, debido a que eran militantes del PRI, según un reportaje realizado por el periodista Zedryk Raziel, para el diario El País.
¿Cómo funcionó la Operación Safiro?
En la llamada Operación Safiro hubo tres actores principales: el Gobierno de Chihuahua durante la administración de César Duarte (2010-2016), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el PRI. Aparte de empresas fantasma que se constituyeron con la finalidad de desviar los recursos que, en teoría, serían asignados para educación pública, entre éstas se encuentran: Samex, Sinnax, Sisas y Despachos de Profesionistas Futura.
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Todo ocurrió en 2016: la SHCP, entonces a cargo de Luis Videgaray, destinó 246 millones de pesos para financiar programas de educación pública, pero el dinero de inmediato fue girado a las empresas fantasma; entre los meses de abril y junio, los recursos fueron remitidos a otras 'subempresas', quienes giraron cheques para cobrar en efectivo, fue así que el dinero pasó por los militantes del PRI y terminó en los oficiales del Edomex.
Toda la operación fue ideada por Alejandro Gutiérrez, alias 'La Coneja', quien fue uno de los operadores de Manlio Fabio Beltrones, mientras éste último era dirigente nacional del PRI. 'La Coneja' también era accionista de Jet Combustibles S.A. de C.V.. una empresa que recibió 4 millones de pesos como parte del esquema de la Operación Safiro.
Aunado a esto, 'La Coneja' también era accionista de un par de empresas: Crec Desarrollo S.A. de C.V. y Norte de Coahuila S. de P.R. de L.R., ambas fueron utilizadas en el desvío de recursos, por ejemplo: Crec recibió 36 millones de pesos de Samex, una de las empresas fantasma que recibieron de manera directa el dinero durante la administración de César Duarte.
Existen otras empresas ligadas a la Operación Safiro como Desarrollo Mecatrónicos Catam S.A. de C.V., cuya accionista y representante legal es Sonia Rodríguez Villareal, afiliada al PRI desde 2011, militante activa y que habría recibido 2.8 millones de pesos por concepto de 'Gestión de comunicaciones para asegurar el flujo de información a diversas bases de datos'; en total, fueron seis depósitos los que se hicieron a dicha empresa, según la investigación del INE.
¿Y cómo van las sanciones en el caso de la Operación Safiro?
El pasado 30 de marzo, el Pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió no castigar al PRI -en una votación de siete contra cuatro-, debido a que no se tiene constancia de que los recursos desviados hayan sido utilizados de manera directa para financiar campañas electorales o hubieran sido depositados en las arcas del 'tricolor'. Morena impugnó la decisión ante el Tribunal Electoral; en caso de ser sancionado, el PRI debería pagar una multa de 500 millones de pesos.
En el caso de 'La Coneja', en 2019, fue sentenciado a seis años de prisión domiciliaria, pero en febrero de 2023, la sentencia fue revocada y el exoperador del PRI fue considerado como inocente. Ricardo Yañez Herrera, exsecretario de Educación en la administración de Duarte, fue sentenciado a cuatro años de prisión en 2017, pero para agosto de 2019 fue liberado, gracias a que llegó a un acuerdo reparatorio con las autoridades de Chihuahua.
El 7 de abril de 2023, Antonio Tarín, exdirector de Adquisiciones en la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Chihuahua durante la administración del priista César Duarte, se suicidó, luego de arrojarse desde un puente ubicado al norte de la capital de dicho Estado; era una de las piezas clave para resolver el caso de desvío de recursos.
Desde julio de 2020, el exgobernador César Duarte fue detenido en Florida, Estados Unidos, pero fue hasta junio de 2022, cuando las autoridades mexicanas consiguieron su extradición; se encuentra recluido por peculado y asociación delictuosa, a la espera de que se le afinque (o deslinde) responsabilidad por la Operación Safiro.
Con información de El País