La Guardia Nacional (GN), un cuerpo civil creado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2019, hoy se encuentra en el ojo del huracán tras declararse inválido su traspaso operativo y administrativo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Este caso ha resonado fuertemente entre políticos y ciudadanía, pues se trataba de la entrega de un órgano desconcentrado de seguridad pública a manos de la Fuerzas Armadas de México.
Todo ello en relación con un decreto que se promulgó en septiembre del año pasado, por el que la corporación pasó a estar bajo la administración de la Sedena.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional esta determinación, aprobada en el Legislativo a principios de septiembre de 2022, y determinó que la Guardia Nacional quedaría en manos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
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Esto luego de que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentara un proyecto de sentencia a la acción de inconstitucionalidad 137/2022 promovida por senadores de oposición.
“Debemos optar por un entendimiento firme y diferenciado de la seguridad nacional y de la seguridad pública”, señaló la ministra presidenta, Norma Piña, al dar la resolución el pasado 19 de abril.
El freno de la reforma no fue del agrado del presidente López Obrador quien anunció que insistirá en volverá a proponerlo en septiembre de 2024. “La Corte está al servicio de las cúpulas del poder”, señaló.
¿Qué va a pasar con la Guardia Nacional?
Lo que sigue para la Guardia Nacional es que tendrá que regresar a ser parte de la SSPC, lo que implica que tanto sus elementos como el presupuesto para mantener los beneficios que estos tenían como parte de la Sedena, tendrá que quedar en manos de la dependencia que encabeza Rosa Icela Rodríguez.
Sin embargo, la transición de vuelta de la Guardia Nacional bajo un mando civil quedará pendiente hasta el 1 de enero de 2024, como resolvió este jueves la Corte.
“Lo que está haciendo la Corte es que lo inconstitucional ya lo resolvió, el respeto a la constitucionalidad ya lo hizo. Lo que está haciendo es entender la mecánica y la resistencia amplia que va a haber, y poner una fecha, dio un margen muy amplio para que se termine de materializar el regreso de la Guardia Nacional a la SSPC”, explicó José Perdomo, maestro en Derecho de la Universidad La Salle.
En entrevista para Grupo Fórmula, refirió que esta decisión se alinea con la necesidad de ajustar los presupuestos de las dependencias involucradas, con el fin de que se puedan asignar los recursos para garantizar los beneficios y prestaciones del personal militar adscrito a la Guardia Nacional desde el presupuesto para el próximo año.
En tanto, Frida Ibarra, directora de Incidencias de Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia (MUCD) enfatizó en entrevista para Grupo Fórmula que la Corte hizo su trabajo al velar por la Constitución e incluso el Pleno reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas en el país.
Sin embargo, el control de la seguridad pública representa un enorme poder político y económico para quien lo posea.
“Esto les permitiría un montón de cosas: tener injerencia en competencias locales, que tengan recursos económicos y humanos, tener una posición privilegiada para oponerse a decisiones de los civiles que pudieran afectarlos y, aparte, garantiza la impunidad”, detalló
La especialista recalcó que la decisión aún no se toma por completo, pues los ministros deberán afinar detalles y votar a favor o en contra de un amparo de MUCD contra la Ley de la Guardia Nacional durante la próxima semana.
Militares: ¿Dentro o fuera de la Guardia Nacional?
La resolución de la SCJN no sólo contempló que la Guardia Nacional quedara adscrita a la SSPC. Además invalidó la facultad del secretario de Defensa para proponer con el Presidente quién será titular de este cuerpo operativo y declaró inconstitucional que el personal militar bajo el mando de la Guardia Nacional continúe sujeto a la jurisdicción de delitos del Código de Justicia Militar contra la Jerarquía y Autoridad.
Durante la discusión, el ministro Arturo Zaldívar argumentó que “los elementos que integran la Guardia Nacional no tienen una formación militar”, es decir, que el entrenamiento no es directamente para “combatir o derrotar al enemigo".
Sin embargo, el Censo Nacional de Seguridad Pública 2022 dio a conocer que 6 de cada 10 integrantes de la Guardia Nacional estaban adscritos a la Sedena, 2 de cada 10 forman directamente parte del cuerpo civil y los últimos 2 fueron incluidos por parte de la Marina Armada de México.
Sobre este tema, Ibarra señaló que un punto importante de la discusión será el futuro de los elementos militares que ya son parte de la Guardia Nacional.
“Es un hecho que están involucrados en violaciones graves a los derechos humanos”, señaló. “Esto afecta justamente la forma en la que opera (la GN) porque los militares actúan bajo una característica de combate del enemigo, no están diseñados para hacer actividades de prevención ni para estar en contacto con la ciudadanía”.
Sin embargo, aún no se define este punto. Para Ibarra, el Ejército “debería salir de las filas de la Guardia Nacional”, con efecto retroactivo y regulado. De no ser así, recalcó, se corre el riesgo de que dentro de las filas de un cuerpo civil se mantenga una doctrina militar.
En tanto, Perdomo consideró que, si bien la disciplina castrense ha sido señalada como una de las causas de las agresiones contra civiles, esto resulta una calificación injusta para las Fuerzas Armadas.
“Señalar que por tener una preparación militar se pone en riesgo a la ciudadanía es injusto con las Fuerzas Armadas, porque una cosa son las instituciones y otra los servidores públicos. Lo más importante sería no buscar la corrección, porque eso no va a servir de nada, debería ser la prevención en la preparación de los integrantes bajo el concepto de respeto a los Derechos Humanos”, expuso.
La Corte seguirá con la discusión de lo que viene para la Guardia Nacional, que por ahora sólo tiene seguro algo: a partir de 2024 dejará de estar bajo un mando militar y volverá a ser parte de las instituciones civiles para la seguridad pública.