Tras la muerte de 39 migrantes en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), el Gobierno de México retiró el contrato a la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa S. A. de C.V. para vigilar el recinto gubernamental.
Hoy en día, decenas de instituciones públicas son resguardadas por empresas de seguridad privada, las cinco “favoritas” con 126 de los 940 contratos vigentes en 2023, de acuerdo con datos de Compranet, y con un costo promedio de 8 millones 599 mil 536 pesos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que ordenó a las instituciones que se dejara de contratar empresas privadas para resguardar los edificios de gobierno. Cuando la Policía Federal aún dependía de la Secretaría de Gobernación, señaló, los recintos eran vigilados por seguridad privada de Hidalgo y Estado de México.
“Cuando llegamos dijimos ‘ya no vamos a utilizar estas policías privadas, vamos a tener un Servicio Federal de Protección para todo lo que se requiera’”, explicó el pasado 3 de abril en conferencia matutina al justificar la contratación de Camsa
“Se empezó con la formación de estos elementos para ir sustituyendo (empresas privadas), pero no hemos logrado todavía tener todo los que necesitamos para sustituir esos servicios, por eso se hizo esa contratación”, detalló.
Las oficinas “más cuidadas” de la 4T
Un análisis de datos hecho por Grupo Fórmula a los contratos vigentes en 2023 reveló que cinco empresas privadas cuentan con la mayor parte de contratos para seguridad y vigilancia de instituciones públicas.
Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. de C.V. cuenta con 31 contratos, la mayoría por medio de licitaciones públicas. Servicios Industriales e Institucionales S.A. de C.V., por otro lado, tiene 25 acuerdos, Comercializadora de Seguridad Privada y Empresarial ERUMA S. de R. se hizo con 24 contratos al igual que Comercializadora Infinito MC S.A. de C.V
Estas cuatro empresas concentran más contratos que dos instituciones públicas: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en servicios de protección y el Gobierno de la Ciudad de México, que ocupan el séptimo y octavo lugar de la lista con 24 y 22 acuerdos respectivamente.
Las empresas de seguridad privada dan servicio en 20 dependencias gubernamentales, siendo las más “cuidadas” la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que registró 31 contratos, seguida del Consejo Nacional de Fomento Educativo con 23 y Aeropuertos y Servicios Auxiliares con 18.
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia se realizó la revisión de algunos contratos de 2022 para conocer los servicios que se ofrecen estas empresas. Además del resguardo de los recintos, jornadas de 12 x 12 y 24 x 24 de sus empleados, en algunos casos se solicita también la vigilancia y protección de los ciudadanos que realizan trámites administrativos.
En los últimos años, denuncias contra agentes de seguridad privada han salido a la luz. En el caso de INM, desde 2017 el Consejo Ciudadano de la dependencia registró irregularidades y malos tratos dentro del recinto. Sin embargo, y pese a la intención de terminar con estos contratos, el Gobierno no ha logrado reforzar la corporación gubernamental que sustituirá a la seguridad privada en el resguardo de las oficinas de la Cuarta Transformación.