Habitantes de diversas comunidades mayas originarias de la Península de Yucatán dieron un paso más en busca de frenar las obras del proyecto llamado Tren Maya del gobierno de la 4T, para exigir que se tomen medidas preventivas para evitar daño ambiental.
La defensa legal de las comunidades interpuso una queja el pasado 29 de marzo ante el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito luego de que un juez les negara una suspensión de las obras.
"En su queja, las comunidades argumentan que, de acreditarse que el Estado no cumplió con su deber de obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, ya no sería posible restaurar sus derechos, pues, las obras están avanzando", detalló el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
En un comunicado, la organización insistió en que este proceso comenzó en julio de 2020, cuando habitantes de las comunidades de tres entidades por donde pasará el llamado Tren Maya, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, presentaron una demanda contra el proyecto ante el incumplimiento del Estado mexicano de obtener el consentimiento del pueblo maya para tal fin.
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Ello en el sentido de que el consentimiento debe obtenerse mediante una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada en el entendido de que las obras del "Tren Maya" en sí mismas afectan y afectarán sus modos de vida y su territorio.
"Las comunidades expusieron en su demanda que el juez debía suspender (suspensión de oficio y de plano) todas las obras relacionadas con el “Tren Maya” puesto que estas ponen en riesgo su propiedad comunal y pueden causar daños socioambientales de difícil reparación.
"Sin embargo, el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al admitir la demanda, determinó negar la suspensión de oficio y de plano, por lo que las obras siguen avanzando mientras se resuelve el litigio", refirió el comunicado.
¿Por qué las comunidades acusan de ilegal la obra del 'Tren Maya'?
De acuerdo con Gustavo Alanís, director ejecutivo del Cemda, entre los criterios aceptados por el Estado mexicano para el desarrollo de proyectos con impacto ambiental están el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde se ha establecido que en casos como estos, la consulta tiene que darse en condiciones en que no se hizo para el Tren Maya.
"El consentimiento tiene que ser libre, previo, informado, tiene que ser culturalmente adecuado y nada justamente ha sucedido así. Entonces parte de lo que estamos pidiendo es que las consultas que se hagan y los consentimientos que deben de obtener tiene que hacerse con base en información técnica y científica, no puede ser información de muchos años atrás", reclamó.
Por ello, el Cemda insistió en que de negarse la suspensión, se dejarán desprotegidas a las personas demandantes, lo que violenta su derecho de acceso a la justicia así como los propios derechos en juego en el proceso legal en cuestión.
"Hacemos un llamado a las Magistradas y el Magistrado que integran el Tribunal Colegiado a basar su resolución, considerando que los derechos que se estiman violados son de naturaleza previa. Esto quiere decir que, si se permite que las obras del 'Tren Maya' continúen hasta que concluya el litigio, se habrá afectado ya el patrimonio natural, la tierra y el territorio en el que habita el pueblo maya", enfatizó el Cemda en un comunicado.