El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una segunda demanda de Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del plan B de la reforma electoral.
Mediante un comunicado, el órgano electoral aseguró que la controversia es contra el decreto por el que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Con lo anterior- asegura el INE- se defiende su autonomía y el Estado democrático establecido en la Norma Suprema, ‘ante el cúmulo de violaciones constitucionales detectadas en aproximadamente 200 artículos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales’.
Hace poco más de un mes, el 1 de febrero, el órgano electoral realizó una controversia en contra de la reforma de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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“En la demanda presentada hoy, se solicita al máximo tribunal del país que otorgue una suspensión y, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y, por lo tanto, de sus efectos, de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía”, aseguran.
En esto consiste la segunda controversia constitucional del INE
- Violación al debido proceso legislativo.
El INE asegura que se realizaron diversas violaciones graves al procedimiento legislativo impactan en la calidad democrática de la reforma.
“En la demanda presentada hoy, se solicita al máximo tribunal del país que otorgue una suspensión y, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y, por lo tanto, de sus efectos, de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía”, explican.
- Vulneración a la autonomía del INE:
El órgano electoral asegura que en gran parte de la reforma violan su autonomía, independencia, ‘así como la invasión a su esfera competencial’.
- Condiciones de equidad
Integrantes del INE aseguran que con la reforma electoral la vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales, ya que “contiene cambios que afectan la certeza en los procedimientos que conforman el proceso electoral en sus diversas etapas”.
- Derechos laborales
En cuarta posición, el organismo asegura que el plan B afecta los derechos laborales del personal del INE, pues “se hacen valer una serie de agravios por el desmantelamiento de la estructura orgánica y la afectación a los derechos laborales de todo el personal del Instituto, así como la eliminación de aproximadamente el 85% de las plazas del Servicio Profesional Electoral”.
El INE dice tener plena confianza en que con el análisis constitucional que realizará la SCJN se restaurará el orden constitucional.